Ayer en un almuerzo de amigos, comensales pertenecientes al ámbito político, jurídico y mediático, uno de ellos me preguntó cuál debería ser la principal tarea de aquellos que se sienten opositores a la llamada coalición “vizcarrocerronista” que se ha enseñoreado en el país. Mi respuesta fue, sin dudar, elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Sabemos que el Congreso se ha propuesto reemplazar a todos los miembros del TC que tienen un mandato vencido, pero vaya, con la presión política que van a recibir de parte de los que no quieren que cambie el statu quo, con que elijan un mínimo de tres sería altamente recomendable.
Como se sabe, y la carta de declinación del Dr. Luis Arce así lo señala, Martín Vizcarra en conjunto con un grupo de individuos que se mueve tras bambalinas, sentó las bases para el control de todos los órganos del Sistema de Justicia. El objetivo era clarísimo. En nombre de la lucha contra la corrupción se fueron copando, uno tras otro la judicatura, la fiscalía, la Junta Nacional de Justicia, hasta llegar al mismo Tribunal Constitucional. Este último en lugar de cumplir con su labor de guardián y supervisor de la correcta aplicación de la Constitución devino en instrumento de los verdaderos manipuladores, justificándose así los golpes de Estado del 30 de setiembre (la disolución inconstitucional del Parlamento) y del 14 de noviembre contra el presidente Manuel Merino. El Tribunal Constitucional, con su actual conformación, perdió su necesaria distancia de la coyuntura política y se convirtió en instrumento funcional para los atropellos cometidos por Martín Vizcarra y sus aliados durante los últimos tres años.
Esta situación no puede continuar así. El actual Congreso de la República debe ser consciente de su rol no sólo histórico sino también patriótico de seguir adelante con el cronograma que lleva a la elección de los nuevos magistrados al Tribunal Constitucional. No se deben dejar presionar por aquellos que solo defienden sus intereses y que están enquistados en diversas oenegés, universidades, entidades del Estado y algunos medios de comunicación. Estos, que se han apoderado de la gestión pública desde el gobierno de Ollanta Humala, pretenden seguir manteniendo a un Tribunal Constitucional a la medida, que se convierta en simplemente una mesa de partes de los caprichos de una caviarada ansiosa de más consultorías y prebendas. El Congreso de la República no se debe dejar amilanar ni poner contra la pared por parte de estos individuos u organizaciones y proceder, según el Cronograma, el Reglamento del Congreso y la Constitución, a elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional.
(*) Excongresista
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