El gobierno y el Congreso han llegado a un acuerdo para quedarse hasta el año 2026, en un intercambio de favores inadmisibles, dictando disposiciones y leyes en contra de los peruanos, solo para ganar titulares.
Mientras tanto, verificamos el incremento de la pobreza e inseguridad ciudadana: homicidios a diestra y siniestra, sustracciones de celulares y extorsiones.
El Congreso de la República autoriza el viaje de la presidenta de la República, previo reconocimiento ante los medios de comunicación de la participación con el país vecino de Ecuador – de su enemigo político – Fujimori. Una casualidad, justamente cuando el Legislativo debe otorgarle una autorización (ilegal) para que viaje a EE.UU., sin ningún beneficio a favor de los peruanos, como sus paseos anteriores.
Acompañada de un séquito de acompañantes, es decir, verificando gastos inútiles cuando ese dinero debe ser utilizado para brindarnos seguridad ciudadana y sobre todo para prevenir lo que se nos viene con el Niño Costero. Pero al parecer a ella y al Congreso no les interesa absolutamente nada, sino única y exclusivamente sus beneficios a costa del pueblo peruano.
Este contubernio inexplicable entre la mayoría de legisladores y el Ejecutivo no tiene sustento lógico, tratándose de enemigos irreconciliables. Pero sí podemos verificar que es única y exclusivamente para seguir usufructuando indebidamente del poder. Pero este beneficio no es eterno porque tarde o temprano quienes han delinquido y lo vienen haciendo a costa del sufrimiento del pueblo peruano tienen que pagar sus delitos. Pues la inmunidad no es eterna y para muestra quienes han dejado el poder están siendo investigados y juzgados para luego ser sentenciados.
Todos aquellos congresistas que les han recortado sus sueldos a sus dependientes o han incurrido en casos de corrupción o tráfico de influencias; al igual que miembros del Ejecutivo como se conoce con las denuncias, que formulan los medios de comunicación los domingos, y pese a ello continúan en sus cargos.
Los decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo ante las facultades concedidas por el Congreso y pese a la opinión unánime de los técnicos y especialistas que el problema de inseguridad ciudadana no es de leyes sino de acciones decididas por parte del Ejecutivo y municipalidades debiendo empezar por clausurar los locales donde se recepcionan, venden celulares y accesorios de vehículos que provienen de robos así como también detenerlos a quienes se les encuentran en su poder dichos objetos pues están incursos en el delito de recepción y cada celular es un delito independiente del otro si a un receptador se le encuentran 4 celulares puede ser sentenciado a 16 años porque las penas se suman pero comprobamos que no se denuncia.
Asimismo, es necesario que se tenga en cuenta una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce que un fiscal que no cumple con su función de investigar y denunciar puede incurrir en los delitos de prevaricato e incumplimiento de funciones
(*) Abogado penalista
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