¡Así fue! Por dirimencia, la Sub-Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, puso fin a la más pérfida patraña contra el régimen democrático constitucional. Este acierto no exagera nada. Porque aprovechando el deceso de dos jóvenes –falta una investigación en serio– se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a tres autoridades que asumieron el Gobierno, luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Vizcarra, por un vasto consenso parlamentario.
Fue sólo el comienzo. La ambición iba más allá de la calumnia, tan extendida en la política criolla. Apuntaba a crear un mito movilizador en pro de la causa de lagartos, caviares e izquierdistas, que reforzaran sus apetitos hegemónicos. La leyenda montada tendría su héroe trágico (Vizcarra), su quijote vengador (Sagasti), sus aviesos villanos (Merino, Flores y Rodríguez) y un “pueblo luchador” ofrendando víctimas propiciatorias (Inti y Bryan). Sin duda, una pasmosa narrativa que enterrara a los “malvados corruptos” y encumbrase a la gavilla reptil del civismo bastardo. Sería la obra maestra de la coreografía caviar.
Empero, dichas mentiras catedrales tenían patas cortas y cayeron. Primero, el lagarto no pudo retornar y su reemplazo careció de fuerza para prolongar el despotismo (se limitó a abrir puertas a Pacheco y la mafia castillista). Segundo, pronto se conoció el negociado de las vacunas chinas y el gesto traidor del otrora prócer, vacunándose con sus familiares y compinches, a espaldas de un país que languidecía. Tercero, el subsecuente desencanto de quienes marcharon a favor del infame personaje, (la incauta “generación del Bicentenario”). Del tinglado sólo quedó en pie la “oportuna denuncia” de esa Fiscal de la Nación, que enfermó para no investigar a Castillo.
Sí, un bodrio jurídico, digno del embuste creado entonces. Jamás determinó a los autores de las muertes; no explicó cómo una manifestación pacífica hirió a 25 policías e incendio patrulleros y casetas; nunca clarificó el proyectil letal no usado por la Policía; menos aún que el presidente y los ministros diesen la orden directa de matar. El informe del ponente Cavero lo aclara perfectamente. Y el Congreso no quiso ser cómplice de una obvia persecución disfrazada de “denuncia fiscal”. El derecho penal democrático individualiza la responsabilidad y esta no alcanza a los vilmente denunciados. Contrario sensu, toda muerte en movilizaciones debería acarrear siempre la denuncia penal, contra los gobernantes.
Con la denuncia archivada se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente, para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares se ha desechado esa seudo memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases de la democracia peruana.
(*) Constitucionalista
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