Estamos siendo testigos de actuaciones delictivas por parte de altos funcionarios del Ejecutivo y del Congreso de la República. El incremento de la delincuencia violenta es alarmante y nuestras autoridades evaden pronunciarse y cuando declaran se pierden en sus mentiras y se comprometen más. Es decir, la delincuencia nos está ganando a todo nivel, pero no se hace nada para evitar que siga avanzando.
En ese contexto, la presidenta Dina Boluarte está siendo investigada por el delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración. Verificamos que, de acuerdo a nuestro ordenamiento, la carga de la prueba le corresponde a ella y no al fiscal. Ella debe demostrar que el desbalance patrimonial no es tal, porque proviene de ingresos lícitos.
En cuanto a los relojes Rolex y el brazalete, son préstamos y no regalos proporcionados nada menos que por Wilfredo Oscorima, su waiki, que la visitó en el Palacio de Gobierno para regalarle por su cumpleaños, pero ella le dijo que mejor se lo preste. Lógicamente, una gran mayoría no cree en esta versión.
Existe el indicio base–la compra del reloj-; indicio causal-visita a Palacio para obsequiarle dicho reloj y según declara ella, no aceptó como regalo, sino más bien como préstamo, así como dos relojes más, sin indicar las fechas de los otros préstamos; y el indicio consecuencia, que es cuando pocos días después, le entrega de 100 millones de soles para ampliación del presupuesto en el gobierno regional de Ayacucho, donde Oscorima es presidente. En julio pasado, el mismo día que adquiere el brazalete de oro con diamantes, visita el Palacio de Gobierno y según la presidenta, le deja dicha joya como préstamo.
Pero da la casualidad que ese día, ella dicta un decreto de urgencia disponiendo la entrega de S/. 300 millones de soles ampliando nuevamente el presupuesto a la región Ayacucho.
Estos hechos podrían ser un cohecho, aun cuando se sostiene que los relojes son préstamos y, por lo tanto, no se configura dicho delito. Pero es necesario resaltar que para su consumación, requiere cualquier ventaja de parte del funcionario público.
De otro lado, se decretó emergencia en distritos de Lima y otros lugares del país para combatir la inseguridad ciudadana, pero es un fracaso completo, porque los asesinatos, robos, extorsiones, se han incrementado.
Con estupor vemos que la Policía detiene en Cañete a un grupo de extorsionadores y por argumentos absurdos e inaceptables el fiscal de dicho lugar los pone en libertad porque no estaba acreditado el delito, pese a las pruebas.
Lo más lamentable es que el Órgano de Control Interno del Ministerio Público lo está investigando disciplinariamente, cuando han debido denunciarlo penalmente, por prevaricato y probable corrupción, porque dichas libertades no son gratuitas.
Desgraciadamente, esto sucede en diversos lugares, donde malos fiscales protegen más a los delincuentes que a la gente honrada.
(*) Exdecano del CAL
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
