Cada día que transcurre en el devenir de nuestra política nacional, me convenzo más de que no existe la política en el Perú, y por ende, tampoco los “políticos”.
Para ello, me formulo una pregunta esencial: ¿Un partido político tiene dueño? Es decir, ¿puede ser propiedad exclusiva de una persona? La respuesta es clara: por supuesto que no. En esencia, un partido político no debe tener dueño, pues su naturaleza es representar un ideario compartido, practicado y vivido por un grupo de ciudadanos. Esa es su razón de ser.
Sin embargo, la realidad peruana contradice este principio. Hoy, casi todos los partidos políticos tienen dueño. Este decide de manera unilateral, sin ideario alguno, y utiliza el partido como herramienta comercial para obtener beneficios personales. En otras palabras, los partidos políticos se han convertido en empresas mercantilistas que buscan lucrar negociando espacios y prebendas.
El Jurado Nacional de Elecciones ha registrado más de 40 movimientos políticos con aspiraciones presidenciales. Esta atomización no refleja vitalidad democrática, sino una profunda falta de cohesión política. Cada elección se convierte en una competencia de egos, no de ideas. Como resultado, los gobiernos carecen de mayorías parlamentarias, lo que agrava la ingobernabilidad y debilita el sistema.
Lamentablemente, la democracia ha sido destruida por una mayoría complaciente, que no previó el daño que sus decisiones causarían. ¿Es democrático tener más de 45 partidos postulando a la presidencia en 2026? ¿Es posible que existan 45 idearios distintos? Lo dudo. Lo que sí creo es que existen 45 empresas comerciales —mal llamadas partidos políticos— que buscan ganar una “licitación pública” para beneficio personal, sin importarles el país ni sus ciudadanos.
Los dueños de los partidos promovieron la vacancia de la presidenta Boluarte por cálculo mercantilista, no político. Mientras les fue útil, la mantuvieron. Cuando su gestión empezó a perjudicar sus intereses, la desecharon. Esto no es estrategia política, es lógica empresarial.
Es previsible que se promuevan marchas contra el presidente Jerí, al estilo de los agitadores profesionales, “ayudados por las pelotudeces democráticas” —frase que conviene recordar—, para vacarlo y colocar a un títere útil a sus intereses.
La agitación mediática y la manipulación de jóvenes sin formación política serán clave. Y no olvidemos la máxima: “Toda marcha social para tener éxito debe producir muertos; de lo contrario, caerá en el olvido.”
Vivimos una euforia irracional, sin análisis ni reflexión. Las redes sociales se han convertido en trincheras de odio, donde cualquier ciudadano, escudado en el anonimato, lanza ataques sin medir consecuencias, promoviendo violencia financiada por grupos mercantiles.
En medio de esta crisis, José Jerí intenta posicionarse como líder frente a la delincuencia, prometiendo “acabar con la criminalidad”. Pero sin reformas estructurales, esa promesa es irreal. El populismo punitivo se convierte en estrategia de supervivencia política, sin resultados concretos. La seguridad ciudadana es hoy el principal problema del país.
La delincuencia nacional y extranjera, las extorsiones, el sicariato y la corrupción policial desbordan al Estado, que no logra articular una política integral.
(*) Presidente de Aprosec
