Esta semana, un reportaje de investigación detalló cómo más de 200 personas, entre las que se encontraban reconocidos ejecutivos con supuestos sólidos conocimientos financieros, fueron estafadas por una empresa de inversiones y corren el riesgo de perder los ahorros que con tanto esfuerzo acumularon.
El caso de OPTIMA puede llegar a tener un impacto de más de USD 20 millones. En el Perú existen dos tipos de mercados de inversión: (i) El mercado regulado; el cual comprende las empresas supervisadas o por SBS y/o SMV; y (ii) El mercado no regulado; que son aquellas empresas gestoras de fondos privados, Fintech y sociedades de inversión que no responden a ningún regulador especializado.
Las empresas no reguladas, hacen publicidad en redes sociales sin respetar las exigencias de transparencia del regulador y ofrecen seguridad a sus futuros inversionistas porque son “auditadas”, porque “retienen los impuestos”, porque operan a través de “fidecomisos” o porque tienen operaciones de inversión “atractivas y seguras” que las revisten de documentos o actos jurídicos para darle una “percepción de formalidad”. Inclusive, existen en el Perú empresas no reguladas que dicen ser regulados en otros países como “Asesores Registrados de Inversiones”, los “No Regulados”, en realidad son “autocontroladas o autorreguladas” y por esta razón, pueden suspender las buenas prácticas que ahora ofrecen en cualquier momento y sin necesidad de informar a sus inversionistas.
Una empresa regulada tiene obligaciones formales y funcionales; las cuales, además de ser directamente supervisados, cumplen: requerimientos de capital mínimo; una estructura organizativa, manuales y procesos claros; un domicilio registrado; obligatoriedad de contar con estados financieros auditados; control y seguridad informática; obligatoriedad de informar periódicamente a través del portal de transparencia de la SBS y/o SMV sobre su gestión y cualquier hecho de importancia que afecte o pueda afectar su desempeño y/o la decisión de un inversionista respecto a confiar sus recursos en la sociedad y sus accionistas directores y gerentes pueden ser objetados por el regulador, entre otros requerimientos.
En el Perú, muchas empresas deciden no regularse porque resulta costoso mantener el gasto operativo para cumplir con las exigencias de un regulador; por ello se “autorregulan” para ser más competitivos con mayores retornos. Los no regulados aprovechan que existe un mercado “insatisfecho” con los retornos tradicionales y “necesitado” de una renta atractiva para vivir. Se estima que, en el Perú, existen aproximadamente USD 2,000 millones en fondos invertidos a través de vehículos no regulados. Una cosa es el vehículo a través del cual se va a invertir y otra es el producto de inversión que se elige. Saber cuál es la condición legal y regulatoria del administrador de su patrimonio es lo primero; luego se puede ver el producto de inversión. Contar con un administrador regulado reduce las posibilidades de fraude y además permite recibir propuestas de inversión más consistentes.
(*) Gerente General de BLANCO Sociedad Administradora de Fondos S.A.C. y miembro del Directorio de la UPAL. Es Contador Público Colegiado y Máster en Banca y Finanzas
