En Perú, la seguridad ha dejado de ser una política de Estado para convertirse en un espejismo, un teatro de lo absurdo, una quimera que el gobierno persigue a ciegas mientras el crimen internacional organizado toma las calles con la confianza de quien ya sabe que aquí no pasa nada, con el aplauso de los “dinistas de turno”.
Cada día amanecemos con noticias de asesinatos, sicariato indiscriminado, extorsiónes, secuestros y violencia rampante. Las balas vuelan con más libertad que las ideas en el Consejo de Ministros, o en el Congreso; y el ciudadano común ya no sabe si será víctima de un asalto o de una política pública desatinada. Mientras tanto, el Estado, en su infinita sabiduría, recurre a su comodín favorito: el Estado de Emergencia; el gobierno declara con pompa y solemnidad que las FF.AA. saldrán a las calles (como si anteriormente no se hubiera hecho), que la policía enfrentará al crimen (mientras es declarada en emergencia), que la delincuencia será erradicada (como si no estuviera más fortalecida que nunca), y que el orden será restaurado (como si alguna vez en este gobierno lo hubiéramos tenido).
Y en tiempo real: el Ministro del Interior—sí, el garante de nuestra seguridad—ve su casa allanada por segunda vez. Su domicilio, convertido en una escena de investigación criminal, es una metáfora perfecta del estado del país: la autoridad más cuestionada es, paradójicamente, la que debería poner orden. Pero no nos preocupemos, porque en medio del caos, el gobierno ha encontrado la solución: servicio militar y policial obligatorio. ¡Brillante! Nada mejor que obligar a jóvenes a enfrentar a criminales que han hecho de la violencia su modo de vida; con el aplomo e histronismo propio de un Primer Ministro que no tendría estrategia, plan, ni la más mínima ide de como funciona la seguridad nacional y la seguridad ciudadana.
Policía y Fiscalía añaden un toque de ironía exquisito. Estas instituciones, que deberían trabajar sincronizadamente para enfrentar el crimen, luchan entre sí por quien dirige las investigaciones mientras los delincuentes se burlan con la tranquilidad de quien sabe que su negocio está asegurado. En medio de este caos, nuestra presidenta decide inaugurar el año escolar con un espectáculo tragicómico: niños con caras largas, discursos sobre la pena de muerte y de actos criminales ante colegiales aterrorizados y, por supuesto, una canción infantil de antaño para endulzar el momento.
El gobierno evidencia que la seguridad no es una prioridad, la población, harta, ya no espera soluciones, sino el fin de esta administración que pasará a la historia por lo que jamás pudo hacer y por hacer de la seguridad un espejismo surrealista.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI).
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