Hace unos días el flamante presidente de Ecuador, Daniel Noboa decretó el estado de excepción en su país. No habían pasado ni 48 horas de esa delicada pero justificada medida, para endurecerla y decretar que el Ecuador atraviesa un “conflicto armado interno” como consecuencia de acciones terroristas que en un solo día habían sido: la irrupción de trece delincuentes que asaltaron un canal de televisión en Guayaquil provistos de armamento pesado que incluían artefactos explosivos, para luego en vivo y en directo secuestrar a los periodistas y personal administrativo que se encontraba en dicho medio de comunicación.
Como si se tratara de una película de terror, otros delincuentes irrumpían al mismo tiempo en la Universidad de Guayaquil y otro tanto en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de dicha ciudad.
Acordémonos que el año pasado, un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, en plena campaña, el 9 de agosto de 2023 fue asesinado a tiros por terroristas. Y es que Ecuador vive una serie de actos delincuenciales jamás vistos en el hermano país del norte.
No se puede negar que el narcotráfico y los cárteles de la droga están creciendo a tal punto, que están convirtiendo a dicho país en la Colombia de la década de los ochenta. Una pena.
Si bien Ecuador no es productor de coca, como sí lo es Perú, Colombia o Bolivia, es un lugar de tránsito muy importante para llevar la droga al extranjero, en especial a Europa y a los Estados Unidos.
Estos carteles unidos con la delincuencia común habrían hecho un pacto diabólico para destruir al Estado y sus instituciones. Nos preocupa no solo porque Ecuador es un país hermano, sino también por las repercusiones que puede tener como país vecino en el Perú, máxime si nuestro país sí es productor importante de coca.
Para nadie es un secreto que los índices de inseguridad ciudadana han crecido notoriamente en el Perú, especialmente en Lima y en el norte del país. Ni la Policía Nacional, ni el Ministerio del Interior, ni el gobierno central, ni las municipalidades con sus serenazgos (salvo honrosas excepciones) se dan abasto para combatir eficientemente la delincuencia. Por el contrario, cada día aumentan los índices de asalto, robo, hurto de celulares, secuestros, sicariatos y homicidios ante la vista y paciencia de nuestras autoridades, que solo son reactivas ante el delito, pero que han fracasado en la prevención de este.
Lamentablemente, nuestra clase política dirigente, en su gran mayoría, está desprestigiada: presidentes presos o extraditados, ministros mayoritariamente mediocres o congresistas que le mochan el sueldo a sus trabajadores, y ni qué decir de muchos alcaldes y gobernadores que descalfan las arcas del estado.
Preocupa aún más las repercusiones delictivas que pueden ocasionar en el Perú, y que socaven aún más nuestra precaria institucionalidad, a nuestra economía y a la seguridad jurídica ante la ola de violencia social que podría extenderse con la de Ecuador. Tenemos que estar muy atentos y actuar en consecuencia.
(*) Exvicepresidente del Perú.
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