El ministro del Interior considera que la figura de terrorismo urbano es necesaria para combatir la inseguridad. Esto implica penas más altas y la intervención de las Fuerzas Armadas en casos graves, como sicariato y extorsión.
La calificación de estos delitos como terrorismo urbano permite una respuesta más efectiva contra el crimen organizado. Las penas serán no menores a 30 años, y los cabecillas podrían ser enviados a centros especiales como DINOES o la Base Naval.
El ministro destacó que esta calificación cambia el sistema legal, ya que los delitos ya no serán perseguidos por fiscales comunes sino por especialistas en terrorismo. Además, se busca un pacto por la seguridad para proteger a los policías que actúan legalmente.
Este pacto busca garantizar que los policías no sean judicializados por usar sus armas legítimamente durante su trabajo. El objetivo es fortalecer la lucha contra el crimen sin obstáculos judiciales adicionales para las fuerzas del orden.
