Desde 1990 hasta la fecha hemos tenido 11 presidentes. De ellos seis fueron elegidos por el voto popular y de estos, todos son investigados o están presos por corrupción u otros delitos: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo.
Actualmente, tres expresidentes peruanos se encuentran en prisión y ese es, quizá, un récord propio del Guinness. No se tiene noticia que en algún otro país tenga tres ex jefes de Estado en la cárcel al mismo tiempo. Es triste ser “campeones mundiales” en algo que avergüenza.
Eso, sin contar con Martín Vizcarra, presidente accidental vacado. Ni con Keiko Fujimori, excandidata presidencial; ni con Susana Villarán, exalcaldesa de Lima y también exaspirante a la primera magistratura del país. Ni con las decenas de alcaldes, gobernadores regionales y ministros de Estado, que todos investigados o fueron encarcelados por delitos vinculados con la corrupción.
El común denominador de la mayoría de las denuncias contra expresidentes por corrupción es la constructora brasileña Odebrecht. Sin embargo, hubo “aceitadas” y “faenones” con otras empresas, pues la corrupción parece ser el modus operandi de la mayoría de los políticos que llegaron a la Casa de Pizarro para gobernar el país. Es decir, la corrupción fue el modus operandi de estos políticos, que ofrecieron honradez y eficiencia, pero que por lo general solo demostraron corrupción e incapacidad, un binomio que, cuando se junta, es como una bomba de neutrones para un país.
Las gestiones de estas autoridades solo profundizaron la inestabilidad de la democracia y empeoraron problemas como la crisis económica, la pobreza, el desempleo y otros que tienen que ver con la economía y la calidad de vida. Sin embargo, el proceder de estos personajes no solo causa forados monetarios, sino que también provoca un enorme daño a la sociedad en otros aspectos, especialmente relacionados a la moral, debido a la consiguiente pérdida de valores, lo cual se convierte en caldo de cultivo para el incremento de la delincuencia y delitos vinculados al quehacer político como el tráfico de influencias, la malversación de fondos y otros.
Ocurre que la inmoralidad de una autoridad importante, como un presidente, tiene un efecto que suaviza y hasta normaliza la corrupción en funcionarios menos importes y en el ciudadano de a pie. “Si el presidente roba, lo que hago yo no es nada”. Eso es lo que dicen muchos corruptos de menor monta o delincuentes comunes. Ojalá que lo que está pasando nos sirva de escarmiento y en las próximas elecciones no elijamos al candidato equivocado. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
