Queremos que el nuevo gobierno recupere la tranquilidad y la meritocracia

El nombramiento de ministros y funcionarios públicos no debe llevarse a cabo como devolución de favores políticos o económicos, como ha sucedido siempre; ya conocemos que esta práctica es una de las grandes causas del deterioro moral y de la falta de respeto hacia los técnicos, especialistas y la meritocracia.

Los gobiernos anteriores nos han llevado al incremento de la delincuencia criminal y violenta, debido a que enviaron al retiro a integrantes calificados de inteligencia de las Fuerzas Armadas y policiales, con el fin de colocar en su lugar a miembros de su entorno, sin los conocimientos, preparación ni experiencia requeridos para estas actividades. Por ello, se debe recurrir a la formación de un cuerpo de élite policial especial de asesoramiento, integrado por los expolicías y exmiembros antes mencionados, bajo la presidencia del general PNP Marco Miyashiro, a fin de hacer frente a estos criminales. Los peruanos necesitamos paz y tranquilidad; no podemos admitir que se sigan cometiendo asesinatos, sicariatos y extorsiones.

Más aún, cuando un exministro y el defensor del Pueblo declaran que altos mandos policiales están involucrados con bandas criminales; asimismo, es público y notorio que algunos fiscales y jueces vienen favoreciendo a delincuentes.

El anuncio de parte de quienes fueron derrotados en las elecciones, alegando fraude electoral y recurriendo a nulidades y apelaciones sin sustento legal, así como la interposición de procesos constitucionales de amparo para que el Poder Judicial declare nulas las elecciones, y lo último, un hábeas corpus porque Keiko Fujimori tiene nacionalidad japonesa, carecen de fundamento. Las últimas declaraciones del candidato perdedor, quien inicialmente sostuvo que iba a reconocer el resultado en un claro respeto a la democracia, y luego afirmó que desconocería como ganadora a su contrincante en la segunda vuelta, para finalmente señalar que está evaluando dicho reconocimiento, demuestran su inestabilidad impropia de un político. Gracias a Dios no salió elegido, pues con esa actitud y la convocatoria a marchas para exigir nuevas elecciones, previa nulidad de las actuales, evidencia su incapacidad para gobernar.

No está de más que lea el artículo 45 de la Constitución —el poder emana del pueblo—, el artículo 316 del Código Penal —apología del delito—, no solo él, sino también los dirigentes y quienes incitan a marchas de protesta. Estas son legales, pero cuando derivan en actividades delictivas, como es de público conocimiento, deben revisar el artículo 24 del Código Penal —a los instigadores les corresponde la misma pena que al autor material—.

El Poder Legislativo ya no debe seguir aprobando leyes bajo el pretexto de favorecer a militares y policías. El Código Penal Militar Policial, promulgado mediante Decreto Legislativo N.º 1094, el 01-09-2010, en su Título Preliminar, artículo 1, establece como objeto prevenir la comisión de delitos de función militar y policial. En su artículo 2 precisa que el delito de función es toda conducta ilícita cometida por un militar o un policía en situación de actividad, en acto de servicio. El inciso 8 señala: “El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber, oficio o cargo”; y el inciso 11: “El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que, en cumplimiento de su función, en forma reglamentaria cause lesiones o muerte”, del artículo 20 del Código Penal, eximen de responsabilidad penal a militares y policías que realicen conductas previstas en las disposiciones penales antes referidas.

(*) Exdecano del CAL