Un reportaje ha revelado que al menos diez personas cuyos nombres y DNI figuran en planillones del MOVADEF trabajan como asesores en el actual Congreso. Algunos ganan cerca de S/ 15 mil mensuales. Ojo: es acceso actual a información, decisiones y dinero público.
Decir “no sabía” o denunciar “terruqueo” no cierra el caso. La sola aparición en un planillón no convierte a nadie en terrorista: la responsabilidad penal es individual y la fija la justicia. Pero un registro presentado ante organismos electorales no se borra con una negativa frente a cámaras. Quien afirma que nunca firmó debe pedir el planillón original, someter la rúbrica a pericia grafotécnica y denunciar la falsificación. Tiene que explicar cómo su nombre, su documento y una firma atribuida a él superaron un procedimiento oficial.
El MOVADEF no fue una ONG de derechos humanos. En el caso Perseo, el Poder Judicial estableció que nació por orden del genocida Abimael Guzmán para mantener el «pensamiento Gonzalo» y la vigencia de la OR-SL, entrar en la «legalidad», ocupar cargos y procurar la liberación de sus cabecillas encarcelados. Por eso se ordenó su disolución. Eso no es opinión. Es sentencia judicial.
Sendero fue derrotado en el 92. Su ideología, no. Se replegó y cambió de terreno: de la «guerra popular» a la amnistía; del aparato armado a los organismos de fachada; de la clandestinidad a sindicatos, aulas, elecciones y puestos remunerados por el Estado. Cuando hablo de la II Reconstitución, no digo que todos organicen columnas armadas. Digo que una estructura derrotada reconstruye cuadros, memoria favorable, redes y poder dentro de la democracia que antes quiso destruir.
La primera reconstitución tampoco empezó con el fusil. Antes del 17 de mayo de 1980 hubo ideología, captación y organismos generados. El arma llegó después de años de construcción política. Hoy el terreno principal es el Estado mismo.
Por eso no es irrelevante que firmantes del MOVADEF aparezcan concentrados en ciertos despachos. Una coincidencia se verifica. Varias coincidencias conectadas obligan a estudiar la red. Quien contrató, responde. Si no sabía, fallaron los filtros. Si sabía, debe explicar por qué los consideró idóneos y qué accesos les entregó.
La Comisión de Ética no sanciona al asesor; sanciona al parlamentario que lo seleccionó, recomendó o mantuvo con presupuesto público. Confundir ambas responsabilidades es evadir la que sí le corresponde al Congreso.
El Parlamento no puede limitarse a un comunicado. Debe, de inmediato y dentro de la Constitución:
- Auditar las contrataciones de despachos, bancadas y comisiones, empezando por áreas sensibles.
- Pedir al JNE y a la ONPE copias certificadas de planillones y actas de verificación.
- Disponer pericias grafotécnicas cuando se desconozca la firma.
- Investigar en Ética la diligencia de quien contrató.
- Revisar de modo provisional los accesos a documentación reservada.
- Solicitar al Sistema de Inteligencia Nacional y a la DIRCOTE una evaluación legalmente delimitada sobre redes de fachada y penetración institucional.
Quien se siente “terruqueado” puede deslindar del pensamiento Gonzalo, reconocer a Guzmán como responsable de una organización genocida y rechazar la amnistía a los cabecillas. Ese pronunciamiento no reemplaza la auditoría.
Lo más grave no es solo quién firmó. Es que hayamos tenido que enterarnos por un dominical. Identificar organismos generados no es trabajo de la prensa. Es función permanente de la inteligencia. Cuando el detector es la televisión, la inteligencia ya llegó tarde.
Llevamos años advirtiendo este avance. Ellos trabajan lo estratégico; la democracia apaga incendios. Ellos construyen durante años; el Estado reacciona una semana. ¿Vamos a actuar cuando ya no podamos?
No se pide persecución ni condena anticipada. Se exige verificación, filtros, inteligencia y responsabilidad. Quien firma, explica. Quien contrata, responde. Quien niega, demuestra. Quien debió anticiparse no puede limitarse a comentar el daño cuando este ya ingresó al Estado.
La democracia debe respetar todas las garantías. También tiene el deber de defenderse. Si esperamos otra vez el fusil para reconocer la amenaza, habremos vuelto a llegar demasiado tarde.
(*) Exdirector de la DIRCOTE y la DINI
