La crisis nacional no ha terminado. La prisión de Castillo es solo un paso intermedio en la caída al abismo de la subversión y el terrorismo.
El chotano fue vacado por la corrupción insostenible y su personalidad idiota. En los días previos al “golpe” era apenas un personaje apestado dentro de palacio, sin seguidores propios, cooptado por una cúpula desquiciada (caso de Aníbal Torres) y de sanguijuelas que querían usufructuar del estado al máximo (su Gabinete de lamesuelas, chiflados y extremistas).
Sin embargo Castillo, dentro de su astucia de viejo sindicalista, sí había construido una amplia red nacional de organizaciones sociales que vivían del dinero del estado, sobre todo a través de los prefectos y otras autoridades provenientes de las filas filoterroristas. Entre reservistas, falsos ronderos, frentistas, sindicalistas y otros grupos de agitadores el número total de afiliados al proyecto del ex presidente y de quienes desde alguna parte lo movían como títere debe superar las diez mil personas cuyo común denominador es su postura antisistémica, contestataria y obsesionada con la convocatoria a una ilegítima asamblea constituyente.
De acuerdo al análisis multidimensional del caso, esa red no es única. Está envuelta por la telaraña más compleja del narcotráfico que tiene como interés unir la cuencas cocaleras de Chapare boliviano con el VRAEM peruano, más las zonas norteñas de nuestro territorio donde florece el negocio de las FARC irredentas y el cultivo ilegal de la amapola. Todo con la concurrencia de carteles mexicanos, de los “Soles” venezolanos y de los islamistas pro iraníes del Hezbollah.
Más todavía, la red de redes está constituida por los países miembros del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y el Runasur. Prueba de ello es la declaratoria de animosidad contra el gobierno de Dina Boluarte por los gobiernos de México (personificado por el ridículo López Obrador), Bolivia, Argentina, Colombia, Venezuela y Honduras.
Ese complot nacional y extranjero apenas ha mostrado las garras con su primer estallido subversivo y de accionar terrorista en la quincena inicial de diciembre; pero de ninguna manera han dejado de lado sus planes de agresión contra nuestro país. La salida de unos 15 mil militares y policías solo ha restablecido el orden mínimo y recién está cortando las líneas de abastecimiento material para las algaradas que en su punto culminante llegaron a comprometer hasta el 85% de la red carretera peruana, dejando como saldo una veintena de muertos y unos 300 heridos.
En este conflicto de nueva generación, movido por el “swarming” (o estrategia de enjambre, según la cual diversos estamentos se movilizan para el ataque siguiendo órdenes de un mando real pero anónimo) queda mucho por ver y enfrentar.
En los próximos días pueden reproducirse nuevos hechos vandálicos, atentados focalizados y ataques selectivos; y en paralelo el accionar político hará énfasis en la judicialización y represión fiscal de militares y policías para maniatarlos y frenar su acción antisubversiva.
Vamos, inevitablemente, a una guerra de desgaste, prolongada y muy compleja. Los temas de la reforma política y las elecciones adelantas corren paralelos y no son, ni siquiera, prioritarios. Defender al Perú integralmente de la insania marxista es lo más urgente y para ello debemos actuar con la lógica elemental de seguir exigiendo al gobierno de transición mano dura, apoyo total a las acciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como una limpieza profunda del estado que ha sido infiltrado no solo por los caviares y la izquierda tradicional, sino directamente por Sendero Luminoso y el narcotráfico. ¡Avancemos!
(*) Analista político
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