El Gobierno, mediante el Decreto Supremo N°129-2023-´PCM, ha declarado el 2024, como el “Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”.
Todo ello por supuesto muy patriótico, justo y apropiado. El decreto supremo mencionado encarga al Ministerio de Cultura la traducción de tal denominación a las lenguas indígenas u originarias, para su uso en los distritos, provincias y departamentos en donde predominen.
Al leer el encargo mencionado al Sector Cultura, se diría que al Estado le interesa muchísimo las lenguas originarias, principalmente las que más se usan como son el quechua y el aimara, sin embargo, creemos que la realidad es otra, el interés estatal es pura finta, poco le interesa tales lenguas.
Corroboramos nuestra percepción en el hecho que, siendo harto conocido, que tanto el quechua como el aimara, carecen de vocablos digitales, se hace necesario que desde el Estado se atienda ello, pues si permanece la situación expuesta, los solo parlantes en las mencionadas lenguas originarias, siempre estarán con retraso frente a quienes en el idioma que utilizan, cuentan con vocabulario digital.
En buen romance, el precepto constitucional de “igualdad” seguirá como letra muerta y los quechua hablantes y aimara hablantes, continuarán postergados y de espaldas a la innovación y a los adelantos tecnológicos.
En el Ministerio de Educación van y vienen informes técnicos para la inclusión de terminología digital, como vocablos para el quechua y el aimara, pero solo tenemos informes que lo recomiendan, pero sin la correspondiente decisión a través de normas legales, lo que certifica la falta de interés gubernamental en la materia, pero se saca pecho ordenándose por Decreto Supremo que la denominación del año 2024, sea traducida a las lenguas nativas.
Ello no basta, es insuficiente. La situación de postergación de quienes solo hablan quechua o aimara, es inconstitucional. Lo volvemos a repetir, se atenta contra el derecho a la no discriminación por razón idiomática, al derecho a utilizar el propio idioma y encima con olvido a que tales lenguas también tienen carácter oficial (incisos 2 y 19 del art. 2 y art. 48 de la Constitución).
El Perú es fácil adherente a compromisos internacionales, entre los que se encuentran los que tienen que ver con las lenguas originarias y aborígenes. Así tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).
En el Año Internacional de las Lenguas (2008), la UNESCO ha promovido iniciativas para la preservación y revitalización de las lenguas nativas. Podríamos seguir y seguir, pero solo lograríamos amargarnos más, por la doble actitud del Estado de mucho compromiso y discurso, pero poca acción.
Ya es hora de que, desde el Sector Educación, se aprueben dispositivos que llenen el vacío de los vocablos digitales en quechua y aimara, a fin de terminar con la postergación y ostracismo de nuestros hermanos principalmente de sierra, que están en los hechos relegados respecto a quienes utilizamos el castellano.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
