El Perú amaneció ayer con una noticia que ha dejado una herida profunda en el corazón de la cultura popular: el asesinato de Paul Flores, conocido como “Russo”, vocalista de la icónica agrupación de cumbia Armonía 10.
El ataque ocurrió en la Vía de Evitamiento, en El Agustino, Lima, cuando el bus que trasladaba a la orquesta fue interceptado por sicarios en motocicletas. Los criminales abrieron fuego, dejando a Flores gravemente herido. Lo trasladaron de urgencia al hospital Hipólito Unanue, pero los esfuerzos fueron en vano: el cantante de 39 años falleció, dejando atrás un hijo pequeño y un legado que, desde sus 17 años, había elevado la cumbia peruana a niveles de devoción nacional.
Este no es un crimen aislado ni un golpe de mala suerte. Armonía 10 había sido blanco de extorsiones en el pasado, incluyendo un ataque armado contra su bus en diciembre del año anterior. La orquesta, como tantas otras en el país, vivía bajo la sombra del miedo, un miedo que el Ministerio del Interior, encabezado por Juan José Santiváñez, prometió disipar. En reuniones con representantes de agrupaciones musicales, el ministro ofreció soluciones, planes y discursos grandilocuentes. Sin embargo, las balas que acabaron con la vida de Paul Flores son la prueba más cruda de que esas promesas fueron vacías. La seguridad que Santiváñez juró garantizar nunca llegó, y hoy la cumbia peruana llora a uno de sus hijos más queridos.
La incompetencia del ministro del Interior no es un secreto para nadie. Bajo su gestión, la delincuencia en Perú ha alcanzado niveles alarmantes: extorsiones, sicariato y violencia callejera se han normalizado en un país donde los ciudadanos viven con el temor como algo normal. Santiváñez ha demostrado una incapacidad flagrante para articular estrategias efectivas contra el crimen organizado. Las estadísticas hablan por sí solas: los índices de homicidios y extorsiones han crecido, mientras que las operaciones policiales exitosas brillan por su ausencia. En el caso de Armonía 10, las advertencias estaban sobre la mesa tras el ataque de diciembre, pero no hubo seguimiento, no hubo protección, no hubo nada. La muerte de Paul Flores no es solo una tragedia; es el resultado directo de un liderazgo que ha fracasado en su misión más básica: proteger a la ciudadanía.
Pero la ineptitud de Santiváñez va más allá de la falta de resultados. Su permanencia en el cargo parece sustentada más por un blindaje político que por méritos propios. Mientras el país se desangra, él se aferra a su puesto, respaldado por un Ejecutivo que prefiere mantenerlo como pieza de un ajedrez político antes que admitir su rotundo fracaso. Las críticas de artistas, ciudadanos y hasta sectores del Congreso, que han amenazado con una moción de censura, no han sido suficientes para moverlo de su silla. Esta obstinación no solo es insultante; es una burla a la memoria de quienes, como Paul Flores, han pagado con su vida el precio de su negligencia.
El asesinato de “Russo” ha desatado una ola de indignación que resuena en las calles y en las redes sociales. Juan José Santiváñez debe renunciar, no como un favor a la ciudadanía, sino como un acto de mínima decencia ante un pueblo que ya no soporta más su ineptitud. Su gestión ha sido un desastre, y cada día que permanece en el cargo es un día más de riesgo para los peruanos. Paul Flores merecía vivir, y Perú merece un ministro que esté a la altura de sus necesidades. Santiváñez no lo está, y su salida es impostergable.
(*) Analista político.
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