Hay varios personajes de la política que, habiendo cometido graves delitos desde los más altos cargos, hoy, inexplicablemente no se encuentran con prisión preventiva que pueda evitar una posible fuga o perturbación de la actividad probatoria. No somos carceleros, y sabemos que la prisión en un proceso penal contra un imputado debe ser la ultima ratio, la última razón de ser en el derecho procesal.
Si bien contra muchos de ellos pesa una medida cautelar de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones, no es menos cierto que al tratarse de personajes que han tenido mucho poder, y estando inmersos en casos de corrupción han enriquecido sus arcas ilícitamente, por tanto, su espacio de acción y fuga es mayor que cualquier ciudadano de a pie.
En el tiempo que han desempeñado función han ganado poderosos contactos. Nadie quiere que se mantengan en la cifra negra de la impunidad. Para nadie es un secreto historias de fuga del país como del expresidente Alberto Fujimori al Japón, o Alejandro Toledo a los Estados Unidos, o, tipos como el exmagistrado supremo César Hinostroza a España entre otros tristemente célebres gánsteres que han rehuido la acción de la justicia precisamente por contar tanto con el respaldo económico, judicial o político.
Consecuentemente, no se explica que gente como Aníbal Torres Vásquez (ex premier del golpista expresidente Pedro Castillo) o la ex presidente del Consejo de Ministros, Betsy Chávez Chino, a quienes se les imputa los graves delitos en coautoría de rebelión y conspiración (el golpe de estado consumado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022) no tengan la medida cautelar de prisión preventiva.
Está bastante claro que tanto Chávez como Torres fueron parte del golpe de estado, tanto en las coordinaciones del mismo, como en la elaboración del discurso golpista que fue leído por el expresidente Pedro Castillo Terrones en cadena nacional televisiva desde Palacio de Gobierno y revestido con su banda presidencial, donde anunciaba entre otras cosas: la disolución del Congreso de la República, la intervención del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, y la reestructuración del Ministerio Público que investigaba los graves hechos de corrupción del gobierno de Castillo, de su familia y entorno.
Para nadie es un secreto que el pésimo coeficiente intelectual del expresidente lo hacía incapaz de hilvanar un párrafo de ese discurso, aunque eso no lo exonera de responsabilidad penal pues tenía conciencia de la barbaridad criminal que estaba cometiendo en vivo y en directo. Llama la atención también la medida cautelar del ex ministro de vivienda, Geiner Alvarado quien fungía de caja delictual de Castillo y su entorno, y quien pesa contra él acusaciones de coliderar una organización criminal corrupta. Pues solo tiene comparecencia restringida. El riesgo de fuga del país como sucedió con el delincuente Juan Silva, ex ministro de Transportes y Comunicaciones es muy alto. Llama poderosamente la atención la “generosidad” de ciertos actores del Poder Judicial quienes lejos de preservar el debido proceso y evitar fugas de personajes claves del corrupto régimen de Castillo, tomen decisiones inexplicables que alienten fugas y evasiones procesales.
*Exvicepresidente de la República del Perú.
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