Ante la opinión pública expresamos lo siguiente:
1. La independencia del Poder Judicial es un componente esencial del Estado Constitucional de Derecho y del sistema democrático, la misma que debe ser respetada y garantizada tanto en lo normativo como en la práctica.
2. Las juezas y los jueces tenemos el deber de garantizar plenamente el respeto de los derechos humanos; asimismo, tenemos entre nuestras atribuciones, la de controlar la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes del Estado.
3. Es obligación de toda persona, sin exclusión, dar cumplimiento a las resoluciones judiciales.
4. Recalcamos que las discrepancias que puedan darse con relación a las decisiones jurisdiccionales, no pueden dar pie al escarnio ni poner al Poder Judicial bajo ataque amenazando su independencia, como viene aconteciendo en los últimos días. El sistema prevé el derecho a la pluralidad de instancias y al uso de los recursos impugnatorios. Por ello, cada jueza y/o juez es responsable de las decisiones que emite en el ejercicio independiente de su función.
5. El Poder Judicial tiene como misión garantizar el Estado de Derecho, el pleno respeto de los derechos humanos, así como la democracia en nuestra Nación.
