La seguridad en el mundo moderno es un reto multidimensional que exige respuestas especializadas y eficientes. Sin embargo, el Perú es el único país del mundo que mantiene una única y militarizada institución policial y bajo una jefatura ministerial directa encargada de todas las funciones de seguridad, desde el patrullaje urbano, el control de multitudes, el control de fronteras, hasta la lucha contra el crimen organizado y la gestión del orden interno. Esta unificación no solo es ineficaz, sino que también expone a la institución a fallas estructurales graves, como la cooptación política, la corrupción, la infiltración del crimen organizado y la incompetencia administrativa.
El caso del Perú es un claro ejemplo de este fracaso. La unificación policial llevada a cabo durante el primer gobierno de Alan García en 1988 desmanteló un sistema en el que coexistían cuerpos especializados: la Guardia Civil (seguridad ciudadana), la Policía de Investigaciones (criminalística) y la Guardia Republicana (orden público, control de fronteras y penitenciario). Bajo la excusa de ciertos hechos de enfrentamientos entre estos cuerpos policiales, ojo con el caso “Villa Coca”, la fusión en una única Policía se hizo sin ningún tipo de previsión ni planeamiento, generando desorden institucional, y debilidad en la eficacia operativa de la fuerza pública.
La falta de especialización derivó en una creciente e incontenible corrupción, caos en la gestión administrativa e infiltración del crimen organizado, y el colapso del sistema de captación; problemas que hasta hoy minan la capacidad policial para responder a los desafíos contemporáneos.
Sin divisiones claramente diferenciadas, la institución se ha vuelto vulnerable a la politización y a la influencia de redes ilícitas, perdiendo su profesionalismno, y comprometiendo su credibilidad y eficacia. La militarización de la policía, adoptada como respuesta a la inseguridad, ha generado más problemas de los que ha solucionado. Un cuerpo policial con una mentalidad seudo castrense se aleja del problema público, se desconecta de la sociedad a la quien se debe, y es cooptada por el poder político desmembrando los principios y valores de sus integrantes (Ley y Orden).
En las democracias avanzadas, la seguridad ciudadana, el orden público, el orden interno y la policía científica son funciones separadas, independientes del poder político, con cuerpos policiales específicos que dependen de distintas instancias gubernamentales. La policía municipal o local se encarga de la seguridad cotidiana, mientras que unidades especializadas se enfocan en la investigación criminal, lucha contra el narcotráfico o respuesta a disturbios, operando con estructuras orgánicas y entrenamientos diferenciados. Esta segmentación permite mayor eficiencia, transparencia y control institucional.
La experiencia local e internacional demuestra que un solo cuerpo policial militarizado resulta inconveniente para abordar todas las necesidades de seguridad de una sociedad moderna.
*Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI)
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