En enero pasado, en Puno, Cusco y Chincha murieron tres niños en estado de gravedad debido al bloqueo de carreteras por las protestas contra el entonces nuevo gobierno de Dina Boluarte. Y en Virú, una mujer perdió al bebé que llevaba en su vientre por la misma razón. Varios adultos corrieron similar suerte, también por la obstinación de los manifestantes de impedir el paso de las ambulancias que, en una carrera contra el reloj, los llevaban rumbo a un hospital para que los médicos les salven la vida. Ningún culpable de esas muertes absurdas tuvo el castigo que merecía porque no había un instrumento legal para hacer justicia. Sin embargo, ahora sí cambia la situación.
El gobierno ha dado el Decreto Legislativo 1589, que modifica el Código Penal y dispone el nuevo castigo, que será entre 10 y 15 años de prisión a las personas que afecten —a través de bloqueos o cortes de tránsito— las vías terrestres nacionales, departamentales, locales y fluviales. Si esta norma hubiese estado vigente hace un año, los responsables de las muertes de los tres niños y el nonato, así como de varios adultos, en su mayoría mujeres y personas de la tercera edad que no pudieron ser trasladados a tiempo a un hospital, hubieran estado ahorita en prisión.
La norma tiene otros alcances. También serán sancionados con ese mismo tiempo de condena, es decir de 10 a 15 años, quienes afecten la infraestructura portuaria, de energía, de hidrocarburos, ferroviaria, de navegación área (aeropuertos), de agua, saneamiento, salud pública, registro civil, migratoria y cartográfica. Además, quienes realicen daños en infraestructura del sector policial (comisarías), militar, penitenciario, meteorológico, defensa civil, financiero y tributario. Y quienes atenten contra bienes culturales, muebles e inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
No se puede negar que la protesta es un derecho y como tal está consagrado tanto en la Constitución como en normas internacionales. Tampoco que muchos logros sociales, como la jornada de las 8 horas, el voto femenino y la educación gratuita, entre otros derechos, pudieron ser conquistados solo mediante la protesta. Sin embargo, todo tiene sus límites y las sociedades evolucionan, se adaptan a realidades distintas, más civilizadas. Los vándalos, desde los tirapiedras, los que lanzan bombas molotov o los que disparan armas hechizas, hasta los que masacran a médicos, enfermeras o policías, deben ir a prisión. Porque eso que hacen de ninguna manera se pueda llamar protesta. Es vandalismo puro. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
