El 23 de octubre se realizó un importante paro de transportistas a nivel nacional, al que se incorporaron algunos otros gremios. La plataforma para justificar la paralización fue principalmente la falta de respuesta desde el Estado ante el aumento de la delincuencia, especialmente respecto a las extorsiones a transportistas, bodegas y otros negocios, sobre todo pequeños emprendimientos.
Evidentemente, como lo demuestran todas las encuestas, la mayoría de personas en nuestro país se sienten desprotegidas ante el aumento de la delincuencia y, peor aún, con el crimen organizado, incluso con el sicariato, lo que, como hemos dicho, justifica la protesta.
Desde el Gobierno Nacional se han elevado voces diciendo que se están haciendo los correctivos para luchar contra dichos flagelos que estamos padeciendo y, casi felicitando a los que paralizaron sus labores, en atención de que no se habían producido ni desmanes ni vandalismo.
La verdad es que no hay nada que felicitar, pues si bien la protesta puede ser legítima, ha sido en tiempo absolutamente inconveniente, a pocas semanas de que tendremos en nuestro país la Asamblea de APEC, lo que podría alertar a algunos presidentes y jefes de gobierno que tenían previsto asistir presencialmente al evento a no hacerlo, con daño a nuestro país, que tiene fundadas esperanzas en ampliar su comercio internacional con los otros países asociados a tal organización internacional.
Adicionalmente, no hay que olvidarlo, en algunas de las localidades en que se realizó el paro, estaba vigente el estado de emergencia, con suspensión del derecho de reunión, lo que significa clarísimamente una transgresión a nuestro ordenamiento legal.
Por otro lado, ha habido interrupciones en las vías terrestres de comunicación, que impidieron el tránsito de quienes, con todo derecho, no paralizaron y quisieron cumplir con sus obligaciones laborales, empresariales y otras. Impedirles el tránsito con quema de llantas en carreteras y cuadrillas que imposibilitaron el libre discurrir de personas y vehículos constituye delito.
En efecto, nuestro Código Penal tipifica y sanciona los delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, así como los delitos contra la tranquilidad pública y, por más que hayan sido en número de ocurrencias no significativas, debe la Policía Nacional identificar a los autores de los delitos y ponerlos a disposición, con las pruebas que lo acrediten, del Ministerio Público para que este último los denuncie al Poder Judicial para los procesamientos correspondientes.
Este tipo de acciones y actitudes no deben pasarse por alto, pues no hacer nada, en alguna medida, incentiva a que en otras oportunidades quienes paralizan sus actividades actúen atentando contra el derecho de los que no desean paralizar y quieren cumplir con sus obligaciones, tanto laborales, empresariales, educativas o de cualquier otra naturaleza.
No olvidemos que si bien no hubo el 23 de octubre mayores casos de perturbación del orden, el no hacerlo no tiene por qué hinchar los pechos de nuestras autoridades, pues no hay nada de lo que se puedan enorgullecer. Si quieren sacar pecho, de una vez actúen en resguardo de la seguridad pública y de la tranquilidad de toda la población.
*Expresidente del Consejo de Ministros.
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