Se entiende por meritocracia al proceso de asignación de cargos donde prevalecen los méritos de los candidatos y no factores externos a su currículo y calificación. Mientras que la paridad de género propiamente dicha establecería que las listas de candidatos a determinado cargo deben estar integradas por el 50 % de hombres y el 50 % de mujeres. El problema es que en la paridad podría haber un candidato o una candidata que obtuvo mayor calificación que el último de la otra lista, pero se quedó fuera. Si ese postulante hubiera sido del sexo opuesto al suyo, entonces sí hubiera clasificado.
Es decir, si nos atenemos a la meritocracia, esa persona —puede ser hombre o mujer—, que quedó descartada porque su lista ya ha completado su cuota de 50 %, debería estar entre los aprobados para ocupar un cargo. En consecuencia, de darse el caso, se estaría discriminando a una dama o a un varón que tiene los méritos necesarios, pero es del sexo correspondiente a la lista que ya completó su cupo del 50 %.
Tenemos, entonces, una contradicción seria entre la meritocracia y la paridad de género, pues la primera estaría regida por un criterio de merecimiento y justicia, mientras que la segunda por un sistema de porcentajes o cupos que hay que cubrir, a riesgo de dejar de lado a una mujer o a un hombre más calificado que el último que ocupó la lista contraria.
En el Congreso de la República acaban de aprobar un dictamen que elimina la aplicación de la paridad horizontal en las planchas de candidatos a las elecciones generales, regionales y municipales. La decisión ha causado el rechazo en algunas instituciones y políticos, principalmente de izquierda, que argumentan que la medida “debilita la democracia en nuestro país”.
Precisamente, en estos días en la OEA se ha iniciado la elaboración de la denominada Ley Modelo sobre Paridad, que buscará orientar a los estados miembros de esta organización para garantizar la participación política de las mujeres y su acceso a espacios de toma de decisiones en todos los aspectos de la vida pública.
Teniendo en cuenta que es necesario adoptar medidas para seguir luchando contra la discriminación de la mujer, que aún persiste, el tema debe ser objeto de un debate más amplio que no se reduzca al Congreso, que ha adoptado una decisión demasiado importante para una coyuntura como la actual por las diversas razones que ya todos conocemos. Ese debate, multisectorial, abierto y sin cortapisas, tendría que darse, eso sí, sin argumentos de tintes ideológicos ni injerencias de ONG satélites de organismos y personajes que buscan imponer sus ideas. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
