Una prueba más de que la ley muchas veces es letra muerta. En el 2018 se publicó un decreto legislativo que modificó la ley referida al Código de Protección y Defensa del Consumidor y prohibió las prácticas comerciales que emplean llamadas telefónicas o envío de mensajes masivos para ofrecer productos y servicios sin autorización del consumidor. Han pasado tres años y las empresas, especialmente bancos, aseguradoras y hasta centros comerciales siguen llamando a millones de personas a sus celulares y teléfonos fijos, con tal persistencia que ya se puede considerar como acoso telefónico.
Según la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), dicha medida buscaba proteger a la población contra los métodos comerciales agresivos o engañosos que atentan contra la libertad de elección del consumidor a través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo, y continúa siendo violada cada día por las empresas.
Estas llamadas aumentaron con la pandemia debido a que las personas no podían salir de sus casas durante las cuarentenas, de tal manera que el único contacto que las empresas podían tener con potenciales clientes era a través del teléfono. Entre el 16 de marzo de 2020 y el 19 de mayo de 2021, el Centro Especial de Monitoreo del Indecopi (CEMI) recibió 9,105 reportes y consultas de ciudadanos, relacionados con llamadas realizadas por empresas que ofrecían algún producto o servicio, sin contar con el consentimiento previo de los consumidores. Entre las empresas más reportadas por la ciudadanía figuran Telefónica del Perú S.A.A. con 2,376 incidencias; Entel Perú S.A., con 1116, y el Banco BBVA del Perú con 533.
¿A quiénes llaman las empresas? Tratan de contactar, principalmente, con personas que han hecho compras costosas, movimientos bancarios de grandes cantidades de dinero, cobraron sus fondos de AFP o su CTS, etc. Es decir, aquellas personas que tiene un fuerte poder adquisitivo.
¿Cómo se enteran las empresas qué personas podrían tener mucho dinero? Ese es el problema donde debe entrar a tallar no solo Indecopi sino también la Policía Nacional. Resulta que en algunos lugares como Azángaro o el Centro Cívico hay ciertos personajes que ofrecen disquetes con información financiera de miles de personas. Todo indica que las empresas recurren a estos mecanismos vedados y peligrosos para conseguir no solo las identidades sino también los números telefónicos de potenciales clientes. Una acción de ese tipo calificaría como delito, por lo que es necesario detectarla y sancionarla. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
