La elección del Defensor del Pueblo en la persona del humalista-cerronista Josué Gutiérrez ha sorprendido a la ciudadanía por haberse evidenciado un pacto insólito entre la bancada de Perú Libre y afines con Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos que junto con otros han sumado 88 votos para entregar tan importante institución a quien fuera hasta hace poco militante de Perú Libre y abogado de Vladimir Cerrón en sus juicios por delitos económicos en agravio del Estado.
Creo que los partidos democráticos han cometido un craso error al entregar tan importante institución al extremismo, a un partido marxista leninista por propia definición, al cual ha renunciado hace un par de meses solo para cumplir las formas. Las sucesivas y reiteradas invocaciones a Dios que hace en sus presentaciones mediáticas no tienen sino el objetivo de alejar de su imagen una posición totalitaria y comunista, pero esas son sus ideas y no se cambian de la noche a la mañana.
La Defensoría del Pueblo tiene la capacidad de designar a sus representantes en los departamentos y provincias así que prontamente tendremos a decenas de “Lapicitos” que dejaron las Prefecturas y Gobernaciones, como “Defensores del Pueblo” en el interior, sin duda alentando marchas violentas como lo hacían hasta hace poco entre diciembre y enero pasados.
Otra función, en la que si bien no tiene mayoría pero no deja de ser influyente es la presidencia de la Comisión Especial que designa a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. De acuerdo a ley, la JNJ se elige cada cuatro años, corresponde hacerlo el 2024 y para eso se conforma una comisión presidida por el Defensor e integrada por el presidente del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República y dos representantes de las Universidades públicas y privadas.
Es un voto de siete, pero sin duda los jueces que resuelvan las causas contra Cerrón y otros casos similares se van a preocupar por no contradecir los argumentos de quien fuera su abogado.
No es verdad que la Defensoría del Pueblo en manos de la doctora Eliana Revollar hubiera sacado a la doctora Patricia Benavides de la Fiscalía, no le corresponde ni puede hacerlo y repito es uno de siete.
Si esto es una estrategia de algún partido, considero que tiene unas metas muy cortas y los réditos serán mínimos. Una primera consecuencia nefasta es la impunidad de “los niños” de Acción Popular, que también votaron a favor de la elección y la inmediata recompensa ha sido rechazar su autorización de enjuiciamiento, con lo que debilitan el proceso penal de todo el entorno comprendido en esa denuncia.
Pronto veremos otras secuelas de este pacto infame, un cupo en el Tribunal Constitucional, la Mesa Directiva a la expectativa de una posible vacancia presidencial y más puestos en el Congreso, que para eso han aumentado su presupuesto.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
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