El gran maestro Manuel González Prada ya lo dijo en su obra “Páginas libres” (1894): “Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz”.
Por nuestra propia historia como país, por los supremos valores de la verdad y la justicia, siempre debemos romper tal pacto que ha hecho tanto daño a nuestra sociedad peruana, cuidando a su vez de respetar la regla fundamental en política. “No se debe criticar al hombre, sino a los actos del hombre”.
Dentro de esa línea de pensamiento, nos hemos enterado hace poco que existe un proyecto de ley, presentado por una congresista de la bancada del partido Renovación Popular (RP), que plantea nada menos que la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y que sea el Senado del Congreso de la República el encargado de designar al Jefe de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), que se encarga de la organización, ejecución y desarrollo de los PROCESOS ELECTORALES, y que actualmente es nombrado por la JNJ -que tal proyecto de ley pretende eliminar- en un concurso público de méritos.
Un órgano estatal, como es el Congreso de la República, que tendría a la fecha una desaprobación mayor al noventa (90) por ciento, carente en realidad de legitimidad social, pretende reformar nuevamente la Constitución Política del Estado para eliminar un organismo autónomo constitucional como es la JNJ, que actualmente nombra a los jueces y fiscales en concurso público de méritos, luego de la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por los escandalosos casos de corrupción dados a conocer a través de los tristemente célebres “CNM audios” (compraventa de puestos de magistrados, etc.).
La justificación aparente consiste en el reemplazo de la JNJ por una “Escuela Nacional de la Magistratura”, concebida como “centro superior de alta especialización e investigación académica que se encarga de la selección y formación de los aspirantes a ser jueces o fiscales y de su nombramiento; de la capacitación con fines de ascenso y de su actualización y perfeccionamiento”.
Pero sucede que actualmente y desde hace muchos años ya existe la Academia de la Magistratura (AMAG), que se encarga precisamente de la formación de aspirantes a jueces y fiscales, así como de la capacitación para el ascenso de jueces y fiscales titulares.
Eso significa que habría en realidad un objetivo principal en el referido proyecto legislativo: que el jefe de la ONPE sea designado políticamente.
(*) Analista político.
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
