De los 130 actuales congresistas, 67 son investigados por presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias, abuso de autoridad, contra la administración pública, contra la fe pública, contra el patrimonio, entre otros. Pese a que la mayoría de sus miembros tienen tantos y tamaños “anticuchos” con la justicia, hace unos días el Congreso aprobó,en primera votación, diversas modificaciones en la legislación sobre el crimen organizado.
Curiosamente, dichos cambios en la normativa beneficiarían a muchos de dichos parlamentarios y a otros políticos encausados por corrupción. Dicho proyecto de ley, que modifica el Código Penal y diversas leyes, establece, por ejemplo, que los allanamientos necesariamente se realicen en presencia del investigado y su abogado; y que, para tipificar a un delincuente como miembro de una organización criminal, la pena debe ser mayor de 6 años y ya no de 4 años, como es actualmente. Es decir, se anula el carácter sorpresivo de un operativo de esa naturaleza y se les da tiempo a los presuntos delincuentes para borrar o desaparecer las pruebas de sus delitos. Además,muchos delincuentes se verían beneficiados porque no se les podría calificar como miembros de una organización criminal para aplicarles penas mayores.
Según el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, quien acudió al Congreso para advertir que las modificaciones que pretenden hacer perjudican la labor del Ministerio Público y la Policía Nacional, hay muchos tipos penales que tienen como pena mínima 4 años.
En efecto, por ejemplo, el tráfico de influencias tiene como mínimo 4 años de cárcel; concusión, de 2 a 8 años; negociación incompatible, de 4 y 6 años; colusión de 3 a 6 años, y malversación de fondos, de 3 a 5 años. Si un funcionario público es condenado por uno de estos delitos, cabe la posibilidad de que se pidan para ellos penas menores a los 6 años de cárcel, lo que los salvaría de ser considerados miembros de una organización criminal, cuya pena va desde los 8 años de prisión y puede pasar de 15 si se establece la existencia de otros agravantes. Ya imaginamos la sonrisa dibujada en los rostros de tantos corruptos que hay en el país.
Por su parte, el exministro del Interior Rubén Vargas advierte que el proyecto de ley excluye a la extorsión, el asalto y el secuestro de los delitos vinculados a la criminalidad organizada. Es decir, ya no se investigarían como crimen organizado, solo como delitos comunes. Por esa razón, los miembros de “El Tren de Aragua”, “Los Gallegos”, “Los Pulpos”, etc., están atentos a la decisión final del Congreso. Si se aprueba la ley, armarán una fiesta. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
