Un debate de larga data es determinar cuál es el momento en que comienza la vida humana, pues ello tiene relevancia tanto en el ámbito civil como en el penal. En el ámbito civil, para establecer diversos derechos; y en el penal, en relación con delitos como el homicidio y el aborto, entre otros.
Científicamente se ha determinado —aunque existen detractores— que la vida comienza con la concepción, es decir, cuando la célula masculina se une con la femenina y surge una nueva, diferente de las anteriores y con existencia propia. La tesis de la concepción cuenta con suficiente protección legal, como en nuestra patria, la Constitución, cuyo artículo segundo establece como primer derecho del ser humano la propia vida, que se inicia desde el momento de la concepción.
La norma constitucional está ratificada por concordancia en el Código de los Niños y Adolescentes, en la Ley de Derechos del Concebido, en el Código Penal y en diversas otras leyes. Además, está respaldada en materia internacional por la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que el Perú es signatario, y que expresamente determina que la vida comienza desde el momento de la concepción.
Pese a lo expuesto, el precepto de que la vida comienza con la concepción carece de suficiente protección social, pues cada vez es más frecuente la presencia de teorías tan aborrecibles como la que sostiene que el niño por nacer es parte de la madre, forma parte de su propio cuerpo y, por ello, puede disponer del mismo, debiendo despenalizarse el aborto.
Incluso en este mundo supuestamente progresista, pero en los hechos retrógrado, surgen voces que se alzan contra el valor de la vida, hasta políticas públicas contrarias a nuestras tradiciones humanas y cristianas, en las que los apóstoles de la muerte van ganando terreno frente a los pro vida, olvidando incluso el precepto bíblico del quinto mandamiento: NO MATARÁS.
Conjuntamente con el desprecio a la vida, nos quieren imponer el llamado “enfoque de género”, el “idioma inclusivo” y algunas teorías similares. Además, la gente joven va olvidando el respeto a la patria al sentirse ciudadanos del mundo.
Contra todas esas narrativas erradas debemos enfrentarnos y, para ello, recuperar la calle con marchas pacíficas pro vida y pro familia, como en lustros pretéritos hemos realizado.
A quienes respetamos y divulgamos el valor de la vida, nos señalan con cierta sorna como “conservadores”. Sin embargo, podemos contestarles que, si lo somos, lo hacemos con mucho orgullo, pues queremos proteger el valor de la vida, la decencia, la honestidad y la honradez, entre otros.
Adicionalmente, a la protección social a la que nos hemos referido, también se requiere consolidar la protección legal, para lo cual es necesario modificar el artículo primero del Código Civil. Esta norma señala que “La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento”. Esto debe cambiarse a “desde su concepción”, para una feliz concordancia con el articulado constitucional y las demás normas mencionadas.
A lo expuesto hay que añadir la indispensable fiscalización de ciertas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), que, recibiendo exoneraciones tributarias del Estado, actúan en contra de su normatividad, pues, entre otras cosas, promueven el aborto, contrariando nuestro esquema legal.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros.
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