La reciente convocatoria a Elecciones Generales 2026 por parte de la presidenta Dina Boluarte marca el inicio de un proceso crucial para el futuro democrático del país. En este contexto, la neutralidad electoral no solo es un principio legal, sino un elemento clave para garantizar la legitimidad del proceso y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
El Decreto Supremo N.°082-2022-PCM establece que todos los servidores públicos (autoridades y funcionarios), sin importar su vínculo laboral o contractual con la institución, deben mantener una postura imparcial durante el proceso electoral.
Esto implica la prohibición de utilizar bienes y recursos del Estado con fines políticos, manipular información a la que se accede por el cargo, influir en la decisión de los ciudadanos o personal subordinado, y emitir opiniones que favorezcan o perjudiquen a algún candidato. El cumplimiento de estas disposiciones es esencial para evitar interferencias que desvirtúen la voluntad popular.
A lo largo de diversos procesos electorales, se han registrado casos de incumplimiento que han generado controversia y debilitado la credibilidad del sistema.
Desde el uso de vehículos oficiales en actos proselitistas, hasta la participación de funcionarios en campañas políticas o el respaldo indebido de autoridades a ciertos candidatos en actos públicos, estas prácticas reflejan la urgencia de una supervisión más rigurosa. La falta de neutralidad no solo conlleva sanciones administrativas, sino que también deteriora la percepción de imparcialidad del Estado y erosiona la confianza ciudadana en el sistema electoral.
Para garantizar el cumplimiento de la neutralidad, las entidades públicas deben asumir un rol proactivo. Las oficinas de Recursos Humanos y las de Imagen Institucional deben reforzar la difusión de las normas y ofrecer orientación a las autoridades y servidores públicos sobre sus obligaciones. Asimismo, la supervisión debe ser rigurosa, con mecanismos de control que detecten y sancionen cualquier acto que vulnere la imparcialidad del proceso electoral.
La ciudadanía, por su parte, juega un papel fundamental en la vigilancia del proceso electoral. Denunciar irregularidades y exigir transparencia es una forma de contribuir a la defensa de la democracia. La existencia de canales oficiales para reportar faltas permite a los ciudadanos actuar como garantes del cumplimiento de las normas y evitar que el aparato estatal se convierta en un instrumento de manipulación política.
En las Elecciones Generales de 2026, la neutralidad no es solo una norma que debe acatarse, sino una responsabilidad ética que fortalece la democracia. La equidad del proceso depende de la voluntad de cada funcionario público para respetar las reglas, de la eficiencia de las instituciones para hacerlas cumplir y del compromiso ciudadano para exigir transparencia. Solo con el esfuerzo conjunto de todos los actores podremos construir un proceso electoral legítimo, transparente y representativo del verdadero sentir de la población.
(*) Juez titular de la Corte Superior de Justicia de Ucayali
