La ejecución de obras, ya sean públicas o privadas, es una pieza importante de la locomotora que echa a andar la economía de un país. Cuando las obras en marcha se paralizan, se pierden miles de millones de soles, miles de puestos de trabajo quedan truncos y los beneficios proyectados se ven postergados y muchas veces descartados. En su último reporte, la Contraloría General de la República dio a conocer un total de 2,298 obras públicas paralizadas, en los tres niveles de gobierno, que no reportan ningún avance en su ejecución física durante seis meses o más, a diciembre 2023.
Imagínense cuánto dinero se va al agua por una mala inversión, deficiencias en los proyectos, problemas en la ejecución, falta de financiamiento, corrupción, protestas de la población local y otros factores. Según el mismo informe, estos proyectos truncos tienen un costo total de inversión que supera los 26 mil 992 millones de soles y se necesitarían más de 13 mil 772 millones de soles para concluirlos.
En efecto, las principales causas de la paralización de las obras son los incumplimientos de contrato (540 obras, 23.5 %), así como la falta de recursos financieros y liquidez para seguir ejecutando el proyecto (515 obras, 22.4 %). En menor medida, las discrepancias, controversias y arbitrajes (109 obras, 4.7 %) y los conflictos sociales.
Llama la atención que los sectores donde hay más obras paralizadas sean, precisamente, aquellos donde se dan más casos de corrupción: Transportes y Comunicaciones con 628 obras truncas, con una inversión de 8,522 millones de soles ya realizada; Vivienda, Construcción y Saneamiento con 529 obras, con gastos de 4,497 millones de soles.
Otro aspecto a considerar es el referido a las regiones con mayor cantidad de obras públicas paralizadas: Cusco (346), Puno (281), Lima (178), Áncash (144) y Cajamarca (137). Mientras que Tumbes (7), Callao (10), Madre de Dios (19), Ucayali (24) e Ica (5) registran una menor cantidad de construcciones inconclusas.
La lectura que se le puede dar a esta realidad es que, cuando no es la corrupción, es la incapacidad la que frena el desarrollo económico del país. No se puede permitir que tanto dinero se vaya al agua por culpa de mediocres y/o delincuentes que llegan al aparato estatal para hacerle un terrible daño al país. La Contraloría, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los demás organismos competentes están llamados a actuar con responsabilidad y rigor para evitar este grave problema. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
