Ante la resolución judicial que ordena el levantamiento del secreto de las comunicaciones del expresidente Alan García —fallecido hace cerca de cinco años—, para que se revisen sus dos celulares, el excongresista aprista Mauricio Mulder afirmó que no lo dejan descansar en paz y se trata de “una payasada más de las que ha hecho el Ministerio Público”.
“No existe en la estructura jurídica del país algo que permita que una persona que está fallecida se le siga investigando. La ley dice que se extingue todo tipo de investigación para las personas que mueren. Solo pretenden hacer circo, hacer escarnio”, manifestó, al ser entrevistado en el programa “Milagros Leiva Entrevista”. Sostuvo que esa medida en realidad fue solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.
Agregó que “estamos hablando de una persona que no se puede defender” y que “en ninguna parte del mundo a un muerto lo están declarando culpable de lo que ellos pueden suponer”.
Mulder indicó que, durante el proceso en su contra, los policías, fiscales e IDL persiguieron y arrinconaron a Alan García, quien finalmente se suicidó el 17 de abril del 2019
. Por su parte, Ricardo Pinedo, exsecretario personal de García Pérez, atribuyó el afán de acceder a los celulares del expresidente a que “no han podido demostrar que lideraba una red criminal”. Además, porque “se viene la conmemoración y un poco quieren bajarle las llantas”.
Cabe recordar que el juez Leodán Cristóbal dispuso la extracción, recuperación, lectura, examen, análisis, acceso, visualización, registro y almacenamiento de correos electrónicos, comunicaciones y correspondencias en las memorias de los celulares de García.
FAMILIA PRESENTA APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN JUDICIAL
El abogado Erasmo Reyna, en representación de Pilar Nores y de los hijos del fallecido Alan García, presentó una apelación contra la resolución judicial que autoriza al Ministerio Público a acceder a los celulares incautados al expresidente durante la diligencia de allanamiento de su vivienda, en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.
En el documento, dirigido al sexto juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, se indica que “levantar el secreto de comunicaciones respecto a una persona fallecida” constituye “una medida desproporcional e ilegal”, pues se “extinguió la acción penal”.