El 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro asumió un nuevo período presidencial en Venezuela tras unas elecciones de julio de 2024 ampliamente cuestionadas por su falta de transparencia, manipulación política y un generalizado rechazo internacional. Este hecho viene generando protestas dentro del país que son rápida y efectivamente neutralizadas por una muy buen dirigida campaña de represión contra opositores y disidentes al mismo estilo de lo que sucede en Cuba, haciendo imposible la lucha interna efectiva contra el gobierno establecido.
El rechazo internacional lo lidera Estados Unidos, al que se suman algunas democracias latinoamericanas como Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Panamá, Paraguay que denuncian el carácter ilegítimo del régimen. Sin embargo, Maduro encuentra respaldo en aliados estratégicos como Rusia, China e Irán, mientras que en la región cuenta con el apoyo de Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia, naciones vinculadas por redes de economía ilícita que afectan la estabilidad regional.
Brasil, por su parte, adopta una posición ambigua, influida por su dependencia energética de Venezuela en la región norte, mientras que Colombia muestra afinidades ideológicas con el chavismo y enfrenta complejidades fronterizas que condicionan su postura y México que presenta un tácito respaldo al enviar a un representante oficial a la ceremonia oficial de investidura presidencial. Todo indica que maduro inicia sin mayor contratiempo un nuevo periodo de gobierno.
En este contexto, la crisis venezolana deja de ser un problema exclusivamente interno para convertirse en una pieza clave en el tablero geopolítico de las potencias globales, mientras que la proyección de poder del eje socialista en la región amenaza con extender sus efectos al resto de América Latina, incluido el Perú.
El impacto sobre nuestro país es innegable. En primer lugar, el incremento de la migración ilegal, potenciada por el éxodo venezolano, refuerza estructuras delictivas transnacionales como el Tren de Aragua, que ya opera en nuestro territorio con alarmante violencia. En segundo lugar, la influencia política del chavismo se proyectará inevitablemente sobre nuestro proceso electoral, fomentando alianzas o movimientos afines a su modelo autoritario.
Venezuela no es solo un país vecino, sino un actor cuya inestabilidad resuena en nuestra propia casa. Ignorar esta realidad es un grave error. Resulta fundamental que el Perú refuerce su seguridad fronteriza, colabore con organismos internacionales para gestionar la migración de manera ordenada y efectiva, y tome una decisión política seria para enfrentar el crimen organizado.
Lo que pase en Venezuela afecta directamente a nuestro país. La frivolidad y la miopía política que caracteriza al poder en el Perú debilita a nuestras instituciones y nuestra seguridad. El Perú debe enfrentar las consecuencias de soportar un vecino incómodo que, sin duda, vive en nuestra casa y duerme en el sofá.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia.
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