“Lucha contra violadores es una guerra”

Rosario Sasieta dice que, si el presidente Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres no adoptan medidas contra las violaciones, se convertirían en cómplices.

POR: ENRIQUE RODRÍGUEZ

El caso de mujeres ultrajadas sexualmente ha cobrado una triste notoriedad en las últimas semanas. Para la doctora Rosario Sasieta, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las propuestas de castración química o pena de muerte son tan populares como ineficientes. De acuerdo a la también excongresista de la República, casi dos menores de edad son violados cada hora en el Perú. Por eso, ella considera que la lucha contra los violadores es “una guerra”.

¿Qué opinión le merece el proyecto de ley de castración química a los violadores que ha sido enviado al Congreso?

La castración química no sirve para nada, no cumple ningún objetivo que tienda a reducir el altísimo número de niñas y mujeres ultrajadas en nuestro país. No sirve porque, en primer lugar, para un pedófilo que está sentenciado a cadena perpetua no tiene ningún sentido que el Estado gaste en medicamentos que tiendan a reducirle la libido. En segundo lugar, el costo es muy alto porque hay varias formas de hacer esta castración química: mensualmente, cada seis meses o a través de pastillas diarias, pero si se suspende el tratamiento por cualquier circunstancia, todo vuelve a cero. O sea, no sirve para el objetivo que se busca. El pedófilo no necesita tener la libido activa, él quiere sentir que le hace daño a la víctima. El pedófilo no busca satisfacción sexual, no busca eyacular, busca dañar y tener una sensación de poder frente a su víctima ultrajada.

¿Cuál sería su recomendación para las autoridades responsables de enfrentar estos abusos?

Es necesario que el Estado entienda que este tipo de abusos sexuales significan un atentado contra la nación y pone en peligro la seguridad nacional. Digo esto porque estamos ante una guerra, hay más víctimas que las que dejó el terrorismo.

 Maneja algunas cifras al respecto…

Claro que sí, unos 106,800 niños han sido ultrajados en un periodo de 5 años. En enero de este año hemos tenido más de 3,600 niños violentados (golpeados, abandonados etc) y de esa cifra 1,128 han sido ultrajados. Esto quiere decir que hay casi 38 niños por día que son ultrajados; o sea, casi dos niños ultrajados por hora, aproximadamente. Si estas cifras no las entiende el presidente de la República y no lo entiende el premier Aníbal Torres, entonces son cómplices de esta situación, tan cómplices como los fiscales y jueces que retrasan los procesos.

El Ejecutivo parece haber tirado la pelota a la cancha del Congreso…

Estamos frente a una emergencia nacional y le pido al Congreso de la República que deje de pelearse y que resuelva de una vez por todas este problema del abuso sexual contra las mujeres. La castración química es tirar el dinero al aire.

¿Y qué opina de la pena de muerte?

Habría que empezar desde muy atrás. Lo primero que debería de hacer el presidente Pedro Castillo es ponerse los pantalones, tomar un lapicero y firmar la orden para que el registro de agresores sea de acceso público; esto es indispensable para saber quién es quién en este país. El segundo punto a atacar es el siguiente: tenemos 1,700 municipalidades distritales, o sea 1,700 Demunas de las cuales solo 400 están acreditadas en el país. Entonces, ¿cómo se puede explicar que un municipio no se preocupe por tener una Demuna acreditada? Las Demunas sirven para dar medidas de protección o para que el fiscal se apersone. No es posible que, por ejemplo, San Juan de Lurigancho no tenga su Demuna acreditada si es el distrito más grande del país y con mayor número de ciudadanos.

¿Qué hacer, entonces?

No hay una varita mágica que nos ofrezca la solución. Es necesario atacar por todos lados: Registros de agresores con acceso público, Demunas acreditadas, cámaras Gesell. Actualmente un menor ultrajado debe esperar cinco meses para tener un turno en la cámara Gesell. Es más, si tenemos alcaldes a los que les gusta hacer obras por qué no hacen cárceles agrícolas penitenciarias y que ahí vayan todos los sentenciados a cadena perpetua por agresión sexual.

SANCIÓN A FISCALES Y PONER PSICÓLOGO EN CADA COLEGIO

“En el caso de los fiscales y jueces cómplices con sus fallos tardíos o que nunca llegan, que sean separados definitivamente de la función pública; y en el caso de las victimas que reciban el apoyo de salud mental y apoyo terapéutico”, indicó Rosario Sasieta.

Dijo que también es importante el WhatsApp comunitario de la ciudadanía y, por último, que el Ministerio de Educación otorgue beneficios a los jóvenes para estudiar psiquiatría o psicología. “Necesitamos un psicólogo en cada colegio”, acotó.