Los primeros 30 días: gestión, orden y la necesidad imperativa de la delegación legislativ

A treinta días de iniciado el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, el Perú comienza a experimentar lo que no tuvo en los últimos ocho años: gestión, dirección y autoridad. No se trata de un balance complaciente. Se trata de un balance técnico y político que el país debe leer con objetividad. 

I. EL BALANCE TÉCNICO DE LOS 30 DÍAS: EL FIN DE LA PARÁLISIS 

El gobierno ha actuado sobre tres frentes críticos donde el Estado había colapsado:

1. Shock de orden y seguridad: En 30 días, se ha restituido el principio de autoridad. La declaratoria de emergencia en distritos críticos, la intervención articulada de Policía y Fuerzas Armadas, y la reestructuración del sistema de inteligencia han reducido la percepción de impunidad. No es populismo punitivo, es la aplicación del artículo 44 de la Constitución: el deber primordial del Estado de proteger a la población. La inversión privada nacional y extranjera solo retorna donde hay orden interno.
2. Shock de confianza económica: El manejo prudente del MEF, el mensaje claro de respeto a la propiedad privada, a los contratos y a la autonomía del BCR, y la reactivación inmediata de 12 proyectos mineros y de infraestructura paralizados por burocracia ideológica, han contenido el riesgo país. La clave ha sido técnica: destrabe regulatorio, no gasto populista. En 30 días se ha hecho más por la reactivación que en gestiónes anterior producto de la desestabilización e improvisación. 
3. Shock de gerencia social: La reorganización de programas sociales con criterios de focalización y meritocracia, y la intervención de sectores como Salud y Educación para eliminar operadores políticos e instalar cuadros técnicos, demuestra que el Estado puede ser eficiente y humano a la vez. Es la diferencia entre administrar el poder y ejercer el gobierno. En 30 días, el Ejecutivo ha demostrado que tiene plan, equipo y voluntad. Lo que le falta es la herramienta constitucional para acelerar el cambio.

II. EL NUDO POLÍTICO: LA DELEGACIÓN DE FACULTADES ES UNA NECESIDAD VITAL

La presidenta ha solicitado al Congreso de la República, conforme al artículo 104 de la Constitución Política, la delegación de facultades legislativas en materias de seguridad ciudadana, reactivación económica, simplificación administrativa y reforma del Estado. 

Esta solicitud no es un capricho presidencial. Es una necesidad técnica vital y una prueba política para el Parlamento. Técnicamente, ¿por qué es indispensable? Porque el trámite legislativo ordinario es incompatible con una emergencia nacional. El Perú no puede esperar 8 meses de dictámenes, cuartos intermedios y negociaciones subalternas para aprobar: 

1. a) La reforma del Código Penal y Procesal Penal para combatir el crimen organizado.
2. b) El nuevo marco de APP y la ley de destrabamiento de inversiones que necesita decretos legislativos precisos y no leyes genéricas. 
3. c) La fusión y reorganización de ministerios y organismos reguladores para eliminar duplicidades que cuestan S/ 4,000 millones al año. La delegación es un mecanismo constitucional, limitado, específico y sujeto a control posterior del Congreso. No es un cheque en blanco. Es celeridad con control. Es exactamente para lo que fue creada. Políticamente, ¿por qué el Congreso debe aprobarla? Porque el Congreso tiene hoy una responsabilidad histórica: decidir si será coautor de la reconstrucción nacional o si se atrincherará en el obstruccionismo que el país repudia. El pueblo peruano eligió en segunda vuelta un modelo de orden, inversión y autoridad. Esa legitimidad popular no es solo de la presidenta, es del bloque democrático que hoy tiene mayoría parlamentaria. Negar las facultades sería traicionar el mandato del elector que pidió cambio rápido y efectivo. Un Congreso confrontacional, que niega facultades por cálculo menor, por celos de poder o por mantener cuotas burocráticas, no está haciendo control político, está haciendo sabotaje institucional. Y el país ya conoce el costo del sabotaje: recesión, fuga de capitales y anarquía. Aprobar la delegación no significa ser oficialista sumiso. Significa ser institucionalmente responsable. 

El Congreso mantiene su poder de derogación y control constitucional sobre cada decreto legislativo emitido. Su rol no se anula, se eleva: pasa de ser tramitador de leyes a ser garante de una reforma que el Perú exige. Los primeros 30 días del gobierno de Keiko Fujimori han demostrado que cuando hay liderazgo, el Perú responde. Ahora le corresponde al Congreso de Diputados demostrar que está a la altura del momento histórico. No hay espacio para la mezquindad. La delegación legislativa debe aprobarse. El Perú no puede esperar más. 

( *) Ex ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Presidente del partido político DEMOCRACIA Y LIBERTAD. 

* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados