Los peruanos necesitamos medidas efectivas contra la inseguridad ciudadana

Algunos políticos nos ofrecen aplicar el plan Bukele, para combatir la delincuencia violenta y sanguinaria que azota nuestro país; pero, quienes pretenden implementarlo, lo hacen única y exclusivamente, para ganar titulares en los medios de comunicación, porque no conocen o no tienen en cuenta que son otras realidades delincuenciales en El Salvador, muy distinto a lo que sucede en el Perú.

A El Salvador superamos en más de 30’000,000 de habitantes; tenemos una gama de delitos que no los tiene dicho país; no han desactivado el servicio de inteligencia de la policía, tal como lo hizo Sagasti, Vizcarra, Castillo y el actual gobierno, para la obtención de información que los “proteja”, dejándonos a merced de la delincuencia violenta y sanguinaria. Además, no tienen la cantidad de congresistas y funcionarios del Ejecutivo denunciados e investigados por diversos delitos; no tienen sicarios, extorsionadores extranjeros-, trata de personas, traficantes de drogas, minería ilegal, secuestradores, robos de celulares, asesinatos, violadores sexuales de menores de edad y receptadores de objetos delictivos que gozan e impunidad.

Asimismo, pretenden que los extranjeros detenidos en flagrante delito sean expulsados del país. Sin embargo, se trata de un imposible jurídico porque el artículo 30 del Código Penal, señala en forma expresa: “la pena restrictiva de libertad es la de expulsión del país y se aplica a extranjeros después de cumplida la pena privativa de libertad la concesión de un beneficio penitenciario, quedando prohibido su reingreso (…)”.

De tal manera, que los ofrecimientos de combatir la delincuencia violenta y sanguinaria son más de lo mismo. Sobre todo, de parte del Ejecutivo que pide facultades legislativas para aumentar penas o crear nuevas figuras delictivas o ejecutar el plan “Boluarte”, no tienen sustento jurídico. Igualmente, de parte de algunos congresistas y alcaldes, que piden se apliquen dichos planes es solo para distraernos y nos olvidemos de la grave crisis delictiva que nos azota a los peruanos.

Algunos políticos ante la admisión a trámite por la CIDH, formalizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a favor de Víctor Polay Campos, lo que significa que el representante del Estado peruano ha debido defender los intereses y desvirtuar las argumentaciones que ha esgrimido el denunciante.

Esto es motivo por el cual es necesario que se conozca quiénes han sido los representantes del estado peruano que han sido a la CIDH desde el 2001, sino no defienden cómo le van a dar la razón

(*) Exdecano del CA

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