El último golpe de estado perpetrado directamente por militares contra un gobierno constitucional fue el que ocurrió contra Fernando Belaunde el 3 de octubre de 1968 por el general Juan Velasco Alvarado, el motivo superficial para el golpe es la denuncia de Carlos Loret de Mola presidente de la Empresa Petrolera Fiscal quien anunció la desaparición de la página 11 del acuerdo de bases que iba a estar anexado al Acta de Talara. Más adelante cuando se abrió el proceso judicial sobre la pérdida de la página 11, la IPC mostró su original y aquella era una página en blanco donde solo aparecía una fecha, coincidiendo con el testimonio de quien tipeó el documento la señora Raquel Osoc.
La realidad era otra, en la Cámara de Diputados, Héctor Vargas Haya presidía la Comisión Investigadora del Contrabando, que involucraba a algunos políticos especialmente a los altos mandos militares. Vargas Haya publicó sus investigaciones en 1970, edición que fue requisada por la dictadura y recién vio la luz en 1976.
El golpe de estado velasquista sirvió para evitar la investigación en el Congreso por el contrabando que realizaba la cúpula militar a través de sus bazares, eso fue lo que gatilló la decisión de interrumpir el estado de derecho.
El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori instaura una dictadura a la que llamó Gobierno de Reconstrucción Nacional y cerró el Congreso por obstruccionista al no aprobarle los 126 decretos legislativos donde muchos de ellos sobrepasaban las facultades que el parlamento le otorgó.
Lo cierto es que la señora Susana Higushi, esposa del mandatario había denunciado a sus familiares políticos que se estaban enriqueciendo con ropa donada proveniente del Japón, entregando harapos a los damnificados del norte del país, mientras que lo mejor era vendido a bazares exclusivos. El nuevo Congreso no llegó a nada por la aplastante mayoría obtenida en nuevas elecciones.
El 30 de septiembre de 2019 el vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la república Martín Vizcarra, decide cerrar el Congreso porque este poder del estado le denegó fácticamente una cuestión de confianza que, sumada a una anterior, le permitía optar esta medida, y meses después esto fue validado por el Tribunal Constitucional por mayoría.
La Comisión de Fiscalización del Congreso había iniciado investigación a la empresa C. y M. Vizcarra ingenieros y contratistas que pactaron con el consorcio Conirsa compuesta por Odebrecht y Graña y Montero. El hermano de Vizcarra al declarar en la Comisión no pudo deslindar su responsabilidad incluida la del presidente. El mismo presidente ya estaba investigado por los signos evidentes de corrupción durante su gestión como gobernador de la región Moquegua, y colaboradores eficaces presenciaron entregas de dinero al mismo Vizcarra.
En estos tres casos, el golpe de estado tuvo éxito porque previamente se desprestigiaba al Congreso, que era la caja de resonancia de las investigaciones por los malos manejos del Ejecutivo, y como no hay un legislativo popular la ciudadanía apoyaba el quebrantamiento del estado de derecho.
El 7 del presente ocurrió nuevamente lo mismo, el presidente al verse cercado por las denuncias en su contra decide cerrar el Congreso, (y las instituciones que lo investigan) pero a diferencia de los otros casos, no tuvo el respaldo de nadie y su desesperación lo llevó a la vergonzosa situación que hoy afronta.
Cuando hay investigaciones que afectan directamente a los intereses del poder en sus ministros, familiares y allegados de un mandatario poco escrupuloso el cierre del parlamento se hace necesario, decisión del mal gobernante para adueñarse del poder y controlar sus investigaciones pretendiendo impunidad.
(*) Abogado y excongresista
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