Es increíble lo que está pasando con los damnificados del derrame de Repsol. Se ha indemnizado a asaltantes, extorsionadores y sicarios, mientras que muchos afectados reales aún no han recibido ni un sol de compensación. Pero la culpa no solo es de las alimañas que aprovecharon la oportunidad, sino también de las autoridades que, por incapacidad y/o corrupción, registraron en sus padrones a los impostores como damnificados.
El derrame de crudo, que ocurrió en enero del 2022, causó gravísimos daños al ecosistema marítimo y terrestre. Al abarcar un área rica en biodiversidad y hábitats frágiles, el petróleo provocó la pérdida de más de 1,850 especies de fauna silvestre, incluyendo varias consideradas en peligro de extinción. Pero no solo fueron perjudicadas la flora y la fauna, sino también la actividad laboral de miles de personas. Los pescadores de peña, que lanzan sus cordeles con los anzuelos para atrapar pintadillas, corvinas, lornas o tramboyos, se quedaron sin trabajo.
También los que salen en sus pequeños botes o chalanas con sus redes y aparejos. El mar de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay se quedó vacío de peces. También se quedaron desempleados los estibadores, los comerciantes de pescados y mariscos, los dueños de restaurantes y otros trabajadores de actividades conexas. Fueron miles de personas sin actividad laboral, sin la posibilidad de ganarse el pan para alimentar a sus familias.
La cifra de afectados se estimó en 10 mil, pero fueron más, pues muchos no llegaron a inscribirse por cuestiones de tiempo, desconocimiento y por las trabas burocráticas que suelen poner nuestras autoridades. Pero resulta que entre los damnificados hay personas que no trabajaban en el mar ni dependían de él, sino que se dedicaban a la delincuencia.
Según un reporte de Panorama, uno de los damnificados es Anderson Páez Cordero, alias “Paco”, un sicario que está preso desde abril del 2019, es decir, tres años antes del derrame. A “Paco” le pagaron 97,500 soles. Increíble, pero cierto.
A Aljemiro Sobrado Meza, un traficante de armas recientemente capturado que también figura en el Padrón Único de Damnificados, le desembolsaron 96,500 soles. Otros delincuentes beneficiados fueron Juan Sulca Atencia, alias “Calata”, un sicario que enterraba a sus víctimas en las playas de Ventanilla; y Jairo Castilla Vargas, otro asesino a sueldo preso desde el 2019.
Tras el derrame, el entonces gobierno de Pedro Castillo encargó el empadronamiento a Indeci y las municipalidades. Las autoridades ahora se lavan las manos y se tiran la pelota, realmente lo de siempre. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
