De los países del continente americano, se podría decir que Haití es la nación que ha sido frecuentemente visitada por la pobreza, tragedias, dictaduras familiares, desastres naturales y plagas. Para colmarlo todo, ahora asistimos al asesinato del presidente Jovenel Moïse, en su residencia de Puerto Príncipe. Este magnicidio pone a Haití una vez más en la inestabilidad política y social, con las respectivas consecuencias para la región.
De empresario a presidente de la República de Haití, desde el 28 de noviembre de 2016, la carrera política de Moïse fue la de muchos presidentes en la región, hecha de poca frecuentación política y mucho del hartazgo de la población, propulsándolo como el outsider que Haití esperaba para salir de su atraso.
Como suele suceder, en gobiernos con poca fortaleza institucional, el gobierno de Moïse debió responder a las acusaciones de corrupción y protestas por su permanencia en el cargo, más allá del 7 de febrero último, en que había culminado. Principalmente, desde octubre de 2019, suspendió las elecciones parlamentarias y en 2020 disolvió el parlamento para gobernar por decreto.
Luego, vendrían las elecciones presidenciales de septiembre 2021 y la elección de un nuevo parlamento en octubre 2021. Pensando en reelegirse, pese a que la Constitución se lo impedía, inició el camino ya conocido de quienes desean perennizarse en el poder: convocar a referéndum para una nueva constitución. La idea detrás no era en sí dotar de una nueva Carta Magna a Haití, sino eliminar el artículo que impedía su reelección.
Este déjà vu político nos debe llevar a la reflexión. Los peruanos conocemos este tipo de conductas, destinadas a hacer que el mandatario en gestión busque perennizarse en el poder vía reforma constitucional. Alberto Fujimori lo hizo en 1993, Hugo Chávez en 2007 y Evo Morales en Bolivia, quien forzó un cuarto mandato cuando la Constitución solo le permitía una reelección. Lo mismo sucedió con su homólogo Rafael Correa en Ecuador, cuando el 28 de septiembre de 2008, convocó una consulta popular para la aprobación de una nueva Constitución, la cual dejaba atrás el criterio de alternancia, para añadir la reelección inmediata. Ahora se plantea la idea de una asamblea constituyente, de la cual aún no conocemos los contornos constitucionales necesarios.
Las enseñanzas que este tipo de situaciones nos deja es que, romper el orden constitucional implica someter un país a la inestabilidad institucional. El correlato es que la continuidad de los poderes del Estado será mermada, para entrar en una fase de silencio constitucional. E
s en este espacio donde las peores voces del autoritarismo se harán escuchar, con llamados a la tiranía o al golpe de estado. En consecuencia, el accionar consistente en mantenerse en el poder o asumir poderes más allá de lo permitido en la Constitución se debe rechazar. Permitirlo sería violentar la soberanía popular, tanto como desaparecer los poderes legítimamente constituidos con la consecuente transgresión de los valores democráticos.
El deber en democracia es ceñirse fielmente al orden constitucional, que es fuente de estabilidad de nuestras democracias. El ejemplo de Haití lo muestra y es por ello que nuestra insistencia sea siempre para no caer en la crisis institucional, evitando estos luctuosos sucesos.
(*) Congresista de la República Ex vicepresidente de la República
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