La propuesta de pedir la intervención de las Fuerzas Armadas en Lima para combatir la ola de delincuencia es un absurdo porque, de acuerdo a la Constitución, las Fuerzas Armadas no tienen facultades para prevenir delitos. Esa es una misión especial de la Policía Nacional del Perú.
Es cierto, todos nos encontramos muy preocupados por los casos de delincuencia, pero instalar un estado de emergencia sería catastrófico para el país. Por otro lado, tenemos que existe cadena perpetua para sujetos que cometen hechos graves. Si una persona trata de robar un celular y mata a otra por cometer este delito, tiene que ir a la cárcel bajo cadena perpetua porque se trata de un delito agravado y no se le puede aplicar una condena menor. Sin embargo, en el Perú no se toman estas medidas.
Veamos ejemplos: Si algún sujeto de mal vivir roba un celular lo hace porque tiene un comprador a quien se le conoce como “receptador”. Hace unos días los noticieros daban cuenta de un sujeto realizando tres robos agravados en cuestión de minutos; sin embargo, la fiscalía le dio libertad. Esto es algo absurdo porque se trata de tres delitos diferentes y la pena que le corresponde a este malhechor de 3 a 6 años de prisión; además que las penas se suman así que en la teoría debería ir por lo menos 10 años a la cárcel.
Lo que se debe hacer en el Perú es investigar y sancionar a estos fiscales o malos policías que ponen en libertad a estos sujetos. Si estas personas tienen antecedentes judiciales o policiales no entiendo por qué lo dejan en libertad. Necesitamos una intervención de la Junta Nacional de Justicia que, lamentablemente, está mirando al cielo y no ve absolutamente nada de lo que pasa en el país. No hace nada ni con los fiscales, ni con la policía ni con los jueces.
Tenemos otra situación: se llevan a cabo allanamientos o incautaciones en las zonas de San Jacinto o en la “Cachina” y la Policía descubre a los “receptadores” pero tampoco hay sanción para ellos. Acabemos primero con aquellos que compran estos bienes provenientes de un hecho delictivo y vamos a ver que los ladrones no van a tener a quien vender.
Por otro lado, se pretende combatir la corrupción, pero el Ejecutivo le ha recortado el presupuesto a la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y ha mandado al retiro a gente que venía trabajando con mucha experiencia. El Gobierno lo hace para que no se investiguen los niveles de corrupción que vemos a diario. El Ejecutivo trata de ganar titulares hablando de estado de emergencia en lugar de actuar con mano dura. Yo propongo llamar a aquellos detectives que acabaron con el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA. Sería una buena medida.
(*) Ex decano del Colegio de Abogados de Lima
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