Al momento de escribir estas líneas, se contaban en más de mil 500 las personas fallecidas y 3,360 heridas y casi 3,500 las personas damnificadas que han perdido la totalidad de sus viviendas como producto de los dos terremotos de 7.2 y 7.5 grados de magnitud que asolaron la costa norte de Venezuela el pasado 24 de junio. A esto se deben sumar los miles de desaparecidos atrapados entre los escombros de cientos de edificios colapsados en pocos segundos, especialmente en la zona costera de La Guaira, dejando un rastro de dolor en toda América Latina.
Expertos de todo el mundo se preguntan por qué estos sismos produjeron un colapso tan generalizado de estructuras, en contraste con sismos de igual o mayor fuerza que resistieron mejor en otros lugares. En setiembre de 2015, Chile soportó un sismo de 8.5 grados; en setiembre de 2022, México resistió uno de 7.7 grados; y Japón, a las pocas horas de la tragedia venezolana, experimentó un terremoto de 7.2 grados sin registrar víctimas ni caídas de edificios.
La respuesta resalta la vulnerabilidad estructural, pero, sobre todo, se sigue analizando la negligencia política. En Venezuela, muchos edificios antiguos tenían normas antisísmicas flexibles y se construyeron en zonas arenosas de La Guaira sin evaluar el suelo. Sin embargo, el factor determinante en las estructuras recientes fue la corrupción sistémica de la anterior administración de Nicolás Maduro. El régimen no solo torpedeo las instituciones, sino que omitió deliberadamente la fiscalización de las normas de edificación y evadió la implementación de medidas inmediatas de prevención de desastres. Debido a la crisis económica provocada por dicha gestión, jamás se dio mantenimiento ni se reforzaron las estructuras antiguas, permitiendo que la corrupción inmobiliaria levantara trampas mortales, ergo, el nivel de destrucción no se debió únicamente a la fuerza de la naturaleza, sino a la falta permanente de fiscalización, al abandono institucional y a la corrupción.
Lamentablemente, el Perú no escapa de la observancia de estas medidas y arrastra una desidia similar por parte de sus últimas administraciones gubernamentales. En Lima, más del 70% de las construcciones son informales; carecen de licencias y vulneran el Reglamento Nacional de Edificaciones. Se edifica descontroladamente sobre depósitos aluviales y arenales que amplifican las ondas sísmicas, mientras la corrupción municipal se hace de la vista gorda ante edificios que superan los pisos permitidos. De producirse un sismo similar en nuestra capital, las consecuencias serían catastróficas.
A diferencia de nuestra realidad, normativas como la chilena o la japonesa imponen estándares estrictos, exigiendo hormigón armado con acero en lugar de ladrillo, lo cual es severamente fiscalizado. Gracias a ello, en el sismo de Concepción de 2010 (magnitud 8.8), los daños materiales fueron mínimos.
La tragedia de Venezuela debe ser una severa advertencia para que el Perú repase de inmediato sus mecanismos de respuesta y se prepare. Las autoridades en gestión de desastres deben ejecutar campañas urgentes de fiscalización y diagnóstico inmobiliario en los distritos más vulnerables. Asimismo, se requiere convocar simulacros periódicos y vinculantes. Lima arrastra un silencio sísmico de más de 200 años que se traducirá inevitablemente en un sismo superior a los 8 grados. La inacción gubernamental y la corrupción urbana, hasta ahora, matan tanto como el movimiento de la tierra. Aún estamos a tiempo de prevenir una tragedia nacional.
(*) Abogado. Con estudios de especialización en Gestión Pública, Dirección y Planeamiento Estratégico
