La Corte Suprema de Argentina confirmó hace poco la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en obras públicas. De acuerdo con los magistrados, durante su mandato se entregaron contratos millonarios a un empresario cercano, usando el poder del Estado para favorecer intereses privados. Este fallo, aunque tardío, demuestra que la justicia puede alcanzar incluso en las más altas esferas del poder.
Este caso no es ajeno a nuestra realidad. Según Proética y Ciudadanos al Día, en Perú, las contrataciones públicas se han convertido en una puerta abierta para la corrupción, especialmente en los niveles subnacionales. La Contraloría General de la República ha señalado que más del 60 % de las alertas por posibles irregularidades proviene de estos niveles de gobierno. Cada año, se abren investigaciones contra alcaldes, gobernadores y sus funcionarios por manipular licitaciones, beneficiar a empresas cercanas o contratar a firmas sin experiencia ni respaldo técnico.
Un reportaje de Infobae de este año, señala que las irregularidades en las contrataciones públicas no son casos aislados, sino parte de un patrón que se repite en todo el país. Aunque existen normas y plataformas digitales como el Seace para garantizar la transparencia, estas pueden ser fácilmente manipuladas. Según estas fuentes, es común que los términos de referencia se preparen pensando en un postor específico, que se acepten empresas sin capacidad real o que se inflen los presupuestos sin sustento técnico.
La dimensión del daño es enorme. Solo en 2023, la Contraloría estimó que el perjuicio económico por irregularidades en el uso de recursos públicos superó los veinticuatro mil millones de soles. Ese dinero pudo haber servido para financiar hospitales, escuelas, caminos o sistemas de agua potable. Pero se desvió, por corrupción o por negligencia.
Lo ocurrido en Argentina nos deja una lección que también deberíamos aplicar aquí: el poder no puede ser escudo frente a la ley. La lucha contra la corrupción no debe tener excepciones ni privilegios, porque solo así se recupera la confianza ciudadana en el Estado y en la democracia.
Las contrataciones públicas no tienen por qué ser un problema. Son una herramienta valiosa para mejorar la vida de la gente. Pero mientras se usen para repartir favores o enriquecerse, seguirán siendo símbolo de desconfianza.
No se trata de seguir creando más leyes, sino de hacer cumplir las que ya existen. Y, sobre todo, de que la ciudadanía asuma un rol vigilante y activo, es decir, denunciando posibles actos de corrupción en su localidad. Si no lo hacemos, pronto estaremos hablando de otro caso igual, en otro país o aquí mismo.
(*) Juez titular de la Corte Superior de Justicia de Ucayali
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