La primera lectura es que lo sucedido con Paolo Guerrero demuestra que la modalidad de la extorsión hoy está en todos los niveles de nuestra sociedad, tanto en los que tienen poder adquisitivo como en los que no, como son los casos de los mototaxistas. Lo segundo, por lo conocido que es Paolo, no se ajusta al perfil de posible víctima, sin embargo, no les importó lo mediático y los contactos que tiene el jugador Guerrero. Tercero, es que a pesar de que las autoridades al más alto nivel ya estaban investigando el caso, las amenazas extorsivas seguían llegando a los familiares. Cuarto, es que hoy en el país nadie puede garantizar la protección total de una víctima de un delito agravado.
Quiero recordar que el año pasado fue secuestrado el papá del jugador colombiano Luis Díaz, que juega en el equipo inglés Liverpool. El secuestro ocurrió en Colombia, el gobierno y las autoridades colombianas en 12 días lograron el rescate del padre del jugador sano y sin pago alguno, luego de un trabajo articulado e integral que manejó el gobierno.
El responsable de ese secuestro fue la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Queda claro que las instituciones que tienen que ver con la seguridad de los colombianos pueden manejar adecuadamente una crisis de inseguridad, como el secuestro planificado que le ocurrió al padre del jugador Díaz. Si bien es cierto que hoy todos los países de la región vienen sufriendo incrementos delictivos importantes, como los gobiernos de Chile y Colombia, que han tenido la voluntad política de invertir de manera integral en sus cuerpos policiales, ello, y hay que señalarlo, no ocurrió en el Perú, que además tiene serios problemas de corrupción con sus instituciones de Justicia y un sistema penitenciario inseguro y con poca capacidad carcelaria.
El caso Guerrero, donde el jugador señala que no jugará en Perú por problemas de inseguridad, es un golpe duro a la imagen del país, pero además muestra que las autoridades son incapaces de proteger la seguridad del jugador Guerrero y la de su familia.
Es cierto que la ciudad de Trujillo es escenario de crímenes y delitos diversos que afectan a los empresarios, comerciantes y ciudadanos en general. Vemos cómo las mafias se enfrentan por mantener o ganar territorios. Hoy, Trujillo está llegando a la categoría de ser una ciudad muy peligrosa, ante la falta de un evidente liderazgo, sin una contundente voluntad política y con autoridades como la Policía que tiene muchas carencias para poder enfrentar adecuadamente a una delincuencia común y organizada que viene incrementándose peligrosamente.
Finalmente, este evento dará la vuelta al mundo, afectando aún más los intereses nacionales, como la inversión extranjera y el turismo. El gobierno no debe olvidar que la seguridad ciudadana es un derecho de todas las personas y es el Estado el obligado a brindarla.
(*) Presidente de APROSEC
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