En diciembre del 2017, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski enfrentaba una moción de vacancia, justamente luego de haber concedido el indulto a Alberto Fujimori —posteriormente anulado por la Corte Suprema—, su defensa legal, representada por el abogado Alberto Borea, citó un pasaje del ensayo “El espíritu de las leyes”, del barón de Montesquieu, autor de la teoría de la separación de poderes en el Estado.
El texto referenciado por Borea fue el siguiente: “Todo estaría perdido si el mismo hombre, y el mismo cuerpo de principales, o de nobles o de pueblo, ejerciese estos tres poderes”. El letrado hizo esta observación al referirse a la posibilidad de que el entonces presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, cuya bancada tenía mayoría parlamentaria, asuma la presidencia del Perú.
Esa teoría del Estado a la que aludió Montesquieu y que Borea citó, está consignada en la Constitución Política del Perú, que establece que el Gobierno es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de la separación de los poderes. Es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial son autónomos e independientes.
La separación de poderes es un mecanismo que busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. Así, los congresistas tienen la potestad de fiscalizar la labor del Ejecutivo y el Poder Judicial, la función de castigar a los funcionarios que cometan delitos. Pero hubo tiempos, como el gobierno de Alberto Fujimori, en que los tres poderes del Estado, además de las Fuerzas Armadas y la Policía, estaban subordinados al Ejecutivo. Ya sabemos cómo terminó ese régimen, con el presidente, su asesor (Vladimiro Montesinos) y muchos de sus funcionarios en prisión.
También hay momentos históricos en los que la oposición tiene como uno de sus principales objetivos desgastar al Gobierno a través de la desestabilización, para finalmente hacerlo caer. En ocho meses del régimen de Pedro Castillo van dos mociones de vacancia, ambas rechazadas. La convulsión social, con vandalismo, caos y muerte, causada por el paro de transportistas y agricultores es un problema grave que el Gobierno debe atender. Pero cuidado, no vaya a ser que por ahí presenten una tercera moción de vacancia y la solución a las crisis tenga que postergarse. Hoy la prioridad es resolver los conflictos que afronta el país, que ya no solo son política y económica, sino también social. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
