Es lamentable decirlo, pero todas las semanas nos encontramos con noticias que demuestran que el actual presidente, Pedro Castillo, y ahora su esposa, Lilia Paredes, están involucrados en hechos nada gratos como el posible plagio de sus respectivas tesis.
El domingo vimos en el informe emitido por el programa Panorama que se abría copiado a autores extranjeros y nacionales y sin haberlos citado. Lo más grave es que, de acuerdo a la opinión de los especialistas, se demuestra claramente que estamos frente a un caso de plagio, algo lamentable tratándose de alguien que está al frente de la presidencia de la República.
Aquí estamos frente a una situación delicada porque el caso ya ha prescrito, por lo tanto, no podría hacerse efectiva una pena. En este caso estaríamos frente al delito de falsedad ideológica que consiste en lo siguiente: cuando uno consigna datos falsos en un documento público como el grado de Magister que me otorga la nación y la pena sería de hasta seis años de prisión.
Sin embargo, estos casos se dieron en el año 2012, por lo tanto, ya han prescrito. Sin embargo, nada de esto impide juzgar la calidad moral del presidente, además de la incapacidad para ejercer el cargo de jefe de Estado, algo que viene desde hace mucho tiempo. Y si a ello agregamos que, de acuerdo a las denuncias debidamente certificadas respecto a que familiares de la primera dama están involucrados en hechos comprometedores, estamos en una situación crítica.
Por otro lado, tenemos las declaraciones de Karelim López que han sido corroboradas aun cuando ella tiene la condición de aspirante a colaboradora. Esta versión que ha dado ella sí tiene sustento, por lo tango hay prueba iniciaria, lo que llamamos nosotros el indicio base. También tenemos el indicio causal que en este caso serían las reuniones en Palacio de Gobierno o en la casa de la calle Sarratea con empresarios peruanos o chinos. Por último, tenemos el indicio consecuencia que es la firma de los contratos con estas empresas chinas y nacionales poco después de las reuniones sostenidas.
Con todas estas pruebas sí se puede acreditar la comisión de derecho delictivo como podría ser corrupción o negociación incompatible que daría lugar al inicio de la investigación contra el actual presidente de la República.
(*) Ex decano del Colegio de Abogados de Lima
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