Muchas veces hemos expuesto que el Perú es un país minero, que tiene el privilegio inigualable, de ser cruzado de norte a sur por la Cordillera de los Andes, con tres ramales atiborrados de minerales metálicos y no metálicos.
La situación de privilegio relatada ha hecho posible que se desarrolle la gran minería como también la mediana, pero que asimismo y en paralelo exista la minería artesanal, en que parte de ella es formal, coexistiendo con la informal y con la ilegal.
La minería en los últimos años, dependiendo de los precios internacionales, significa del 10 al 15% del PBI, diríamos que como promedio el 12% que a su vez representa aproximadamente el 30% de recaudación del Impuesto a la Renta, pero que incorporando otros tributos y contribuciones hace un promedio equivalente al 20% de la recaudación total. En buen romance la actividad minera que es del 12% en promedio del PBI recauda el 20% de la imposición nacional, contándose tributos nacionales como locales y el de las actividades que suministran bienes y servicios a la minería.
En la minería artesanal, la formal no constituye mayor problema, aunque si la informal, pero que tiene posibilidades de formalizarse, para lo cual el Estado debería dar las facilidades requeridas, en lugar de obstaculizarla con requisitos y trámites interminables.
La minería ilegal si es un gran problema, pues no solamente incumple reglas, sino además muchas veces se encuentran en zonas no permitidas para la minería, sin olvidar la depredación de suelos y de bosques, que es hasta una gravísima afectación al medio ambiente, además de generar delincuencia, la actividad no tributa y encima la producción se comercializa irregularmente y hay hasta contrabando de la misma.
Por añadidura, en la minería ilegal existe la problemática social. Lo explicamos diciendo que la minería, según cifras que nos han proporcionado, emplea en cifras redondas a 220,000 personas directamente, pero contando con proveedores y actividades conexas, puede llegar a 1.2 millones en forma indirecta, de los cuales se calcula entre 300 a 500 mil personas la minería artesanal, estimándose que el 30% son formales, 40% informales y otro 30% ilegales. Como puede apreciarse, con la minería ilegal existe un gravísimo problema social que tiene que enfrentarse con realismo y sin prejuicios.
El Gobierno acaba de dictar el Decreto Supremo 143-2023-PCM, que crea una nueva Comisión con carácter permanente, para estudiar y tratar la erradicación de la minería ilegal. Esta Comisión absorbe otras anteriores que pese al largo tiempo de su existencia no tienen logros que exhibir. Ojalá la Comisión creada no sea una más de las tantas burocráticas que ya tenemos y afronte la problemática en toda su dimensión, incluyendo también soluciones a la situación de la minería formal, que muchas veces pagando vigencia anual de los petitorios, no explotan, convirtiéndose en lo que se conoce como el “perro del hortelano”.
*Expresidente del Consejo de Ministros
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
