Conocidas las denuncias contra los fiscales Domingo Pérez y Marita Barreto, la opinión pública tramonta de la sorpresa a la indignación frente al sospechoso silencio de las altas autoridades del Ministerio Público. Particularmente preocupa la falta de acción por parte del interino Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.
No se diga que estamos ante una mera lentitud procesal, típica de un país donde los trámites son eternos. El delito imputado a Pérez no es cualquiera. El enriquecimiento indebido de los funcionarios públicos denota tal gravedad, que el Art. 41º de la Constitución Política obliga expresamente al Fiscal de la Nación a “formular cargos ante el Poder Judicial”. Y cabe añadir que los crímenes del otrora “paladín de los fiscales y héroe de la lucha anticorrupción” –como loaban los caviares y su prensa venal– han sido determinados por la propia Fiscalía, en sus indagaciones preliminares de seis meses atrás, a través de peritajes a las cuentas del imputado con su debida participación. Allí se ha llegado a acreditar un objetivo desbalance patrimonial (sus ingresos regulares no cubren sus gastos) por lo cual, la existencia del acto delictivo existe y merece ser investigado.
Debiera ordenarse ya la formalización de la investigación preparatoria, imprescindible etapa previa al juicio oral. Pero, en lugar de ello, el Dr. Villena viene haciendo larga la decisión, mientras se incrementa el rumor de ánimos perversos de desaparecer el expediente. Cierto o no, la injustificada demora alimenta la idea de complicidad o, simplemente, temor al poder caviar que hoy hegemoniza en el Ministerio Público.
Observemos qué ocurrirá en los próximos días: O triunfa la legalidad y el fiscal “nuevo rico” será sometido al examen de la Fiscalía. O, por el contrario, triunfa la impunidad; en la versión más grosera y pérfida que nunca.
A estas alturas ya no causa estupefacción la ruma de fiscales delincuentes. El destape del caso Chibolín demuestra el albañal de personajes infatuados, por encima del bien y el mal, traicionando el mandato de ser guardianes de la justicia y la legalidad. Qué Domingo Pérez al final sea condenado por corrupto le interesa a él, a sus amigotes y a los ingenuos que lo endiosaron. A nosotros nos preocupa de sobremanera la inacción del Ministerio Público, luego de verificar actos dolosos en su seno. Qué se permita que el cáncer de la corrupción infecte a los fiscales sin hacer nada al respecto.
¿Cómo permitir que estos personajes que debieran pagar sus culpas en la cárcel, sean los que investiguen a los ciudadanos y conjuntamente con jueces de similar calaña, decidan sobre su vida, su libertad, su honor, su patrimonio, sus familias y todo lo que es valioso?
(*) Abogado constitucionalista.
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