El Ministerio Público ha caído en el desvarío ideológico total: en una acción absurda ha denunciado a once congresistas por cumplir con su misión de legislar.
Se trata de la acción formulada a través del Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales contra quienes presuntamente habrían incurrido en delito de negociación incompatible en perjuicio del Estado. Los denunciados son José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez. Cinco de ellos son integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas durante el período 2021-2022.
El argumento fiscal es que habrían favorecido indebidamente la aprobación del dictamen del Proyecto de Ley N.° 319/2021-CR.
Este proyecto -que luego se convirtió en la Ley 31473 publicada el 10 de mayo de 2022- beneficia a miles de militares y policías en situación de retiro y también los de actividad, quienes en algún momento pasarán a ser pensionistas. Por sus votos a los denunciados se les imputa “haber favorecido un dictamen que les otorgaba la posibilidad de acceder a remuneraciones de manera incompatible con sus otras funciones, lo cual sería perjudicial para el Estado”. Esto es, que por tratarse originalmente de militares y policías que ahora ejercen función congresal, recibirían ‘indebidamente’ beneficios de sueldo y pensión debido a su doble condición de funcionarios públicos en cargos de elección popular y pensionistas. La Fiscalía de la Nación considera, entonces, que los congresistas señalados habrían utilizado su posición para interesarse directamente en la aprobación de este texto legislativo., lo cual configuraría una conducta ilícita al priorizar beneficios personales sobre los intereses públicos.
Grave disparate. Sobre el fondo de la cuestión debe recordarse que el 21 de noviembre de 2017 el Congreso promulgó la Ley N°30683, mediante la cual se estableció que el monto que reciben los pensionistas de las FF.AA. y PNP debe ser el mismo que la remuneración consolidada que se otorga al personal militar y policial en actividad. Este principio ha sido confirmado por el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias. Entre tanto, el artículo 93 de la Constitución prescribe que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.
En cuanto a la doble condición remunerativa, tal como ha señalado la congresista Adriana Tudela vía X “Una pensión no es una remuneración. Esto ya ha sido zanjado por el TC hace tiempo. La Fiscalía se está prestando para una escandalosa persecución política liderada por el IDL, que tiene la misma agenda de siempre: atacar a las FFAA y erosionar la democracia”.
Por su parte, la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular ha reaccionado señalando que ante la osadía del Ministerio Público también está preparando una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, porque “no hubo ninguna negociación incompatible ni beneficio indebido”. Además, ha lamentado que haya “un manejo inadecuado de parte de la Fiscalía en seguir persiguiendo a políticos”.
Y, efectivamente, de lo que a todas luces se trata es de otro episodio de la guerra en curso entre la Fiscalía y el Congreso; pero además del odio alimentado por la ideología caviar de los fiscales contra los militares y policías a quienes persigue bárbaramente desde el triunfo sobre la subversión comunista.
(*) Analista político.
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