La minería ilegal es un problema muy complejo. Según un reporte de la Fundación para la Conservación de Desarrollo Sostenible (FCDS), en base a información de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre 2013 y el 2023 la minería ilegal ha sido el delito con el mayor monto de dinero acumulado, superando al narcotráfico. Solo ese dato, que denota el poder que tienen los mineros ilegales, debió poner en alerta a las autoridades, que recién parecen haberse puesto las pilas tras el asesinato de siete vigilantes y dos mineros de la minera Poderosa, en Pataz, una de las 12 provincias de la región La Libertad.
Según la empresa minera aurífera Poderosa, en los últimos cinco años el distrito de Pataz ha sido invadido por delincuentes peruanos y extranjeros aliados a mineros ilegales con el objetivo de controlar las operaciones mineras en nuestra localidad. Agrega que estos delincuentes, conocidos como “parqueros”, actúan violentamente usando armas de guerra y explosivos.
La minería ilegal de oro se está extendiendo por toda la Amazonía peruana, a tal punto que, de acuerdo con el mencionado informe, actualmente está presente en 20 ríos de cinco regiones. Pero la minería ilegal o informal también ha ganado terreno en la costa y la sierra. Hay enclaves mineros con fuerte componente de actividad ilegal en Puno, Madre de Dios, La Libertad, Piura, Chala, Nazca, Casma y Palpa, entre otros lugares.
La minería ilegal es un delito que ahora está siendo controlado por organizaciones criminales, advierte Omar Ahomed Chávez, juez superior de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima. Según el Código Penal, las actividades de exploración, explotación o extracción de minerales metálicos y no metálicos que causen o generen un peligro a la salud y a la calidad ambiental o a sus componentes son sancionadas con penas de entre 4 y 8 años.
La minería ilegal es un delito que no solo causa pérdidas al Estado en la recaudación de impuestos o genera conflictos que terminan en desgracias como la de Pataz, sino que también provoca graves alteraciones en el ecosistema, medio ambiente y paisajes naturales, debido a la deforestación y la contaminación, incluso del agua. Además, representa un riesgo para la vida de las personas, ya que muchas veces los mineros no cuentan con los llamados EPI (equipos de protección individual) para desarrollar la minería de una forma segura.
Ante esta situación, el Estado no puede dejar de lado la sanción, pero también debe impulsar una cultura de legalidad en la minería informal para que realicen sus actividades bajo las regulaciones del Estado. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
