En 1823, cuando EE.UU. aún era una república joven y distante de la condición de superpotencia que alcanzaría más de un siglo después, el entonces presidente James Monroe formuló uno de los principios más duraderos y controvertidos de la política internacional moderna: la Doctrina Monroe. No fue una proclama moral ni una declaración idealista, sino una definición estratégica del espacio de seguridad e influencia de EE.UU. en el hemisferio occidental, cuyas consecuencias siguen marcando la geopolítica americana hasta hoy.
El contexto de su formulación resulta clave. Tras las guerras de independencia en América Latina, varias potencias europeas, en particular España y Francia, evaluaban la posibilidad de recuperar posiciones perdidas o restaurar regímenes coloniales. Para Washington, esa posibilidad representaba una amenaza directa. La presencia política o militar europea en América no solo ponía en riesgo la estabilidad regional, sino también la seguridad de EE.UU. como nación emergente.
Monroe estableció dos principios centrales: cualquier intento europeo de colonización o intervención en América sería considerado un acto hostil, y Estados Unidos, a su vez, se abstendría de intervenir en los asuntos internos de Europa. Se trataba, en esencia, de una delimitación de esferas de influencia formulada desde un realismo político temprano, más cercana a la lógica del poder que a consideraciones ideológicas.
Con el paso del tiempo, la Doctrina Monroe dejó de ser un instrumento defensivo para convertirse en el sustento de la hegemonía regional estadounidense. A fines del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, especialmente tras el Corolario Roosevelt, EE.UU. asumió el rol de garante del orden hemisférico, interviniendo directa o indirectamente en numerosos países de América Latina. Cambiaron los discursos: civilización, anticomunismo, democracia, derechos humanos, etcétera, pero no la premisa central: Iberoamérica como zona de influencia estratégica prioritaria.
Tras el fin de la Guerra Fría, muchos analistas anunciaron el ocaso de la Doctrina Monroe. Sin embargo, lo que ocurrió fue distinto: la doctrina no desapareció, sino que se volvió implícita. El avance de China, el retorno de Rusia a la región y la presencia de actores como Irán evidenciaron que el hemisferio occidental seguía siendo un espacio de disputa. La retórica multilateral de Washington no anuló nunca la noción de primacía regional.
Donald Trump no redefinió la Doctrina Monroe, pero sí la volvió explícita. Sin eufemismos ni envoltorios normativos, dejó en claro que Iberoamérica no debía convertirse en plataforma de influencia para potencias rivales de EE.UU. Su enfoque fue directo y confrontacional.
Esta lógica se expresó no solo en la presión sobre regímenes alineados con intereses extrahemisféricos, sino también en el fortalecimiento de alianzas consideradas clave. En ese marco debe entenderse la decisión de Trump de señalar al Perú como aliado principal fuera de la OTAN, un estatus reservado a países con relevancia estratégica para la seguridad estadounidense. No se trata de un gesto simbólico: implica cooperación preferente en defensa, seguridad, entrenamiento e inteligencia, y sitúa al Perú en una posición central dentro del esquema hemisférico.
Para el Perú, esta definición tiene implicancias profundas. Lo coloca como actor relevante en el equilibrio regional y lo obliga, al mismo tiempo, a asumir responsabilidades estratégicas. Ser aliado preferente no es un título retórico: supone claridad en los alineamientos, fortalecimiento institucional y una política exterior coherente con esa condición.
(*) Analista político
