Como hemos repetido hasta el cansancio, los ciudadanos estamos hartos del enfrentamiento entre las altas autoridades del Estado, principalmente entre el Ejecutivo, el Judicial, el Congreso, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría y varios más.
La falta de una meta común y diálogo entre las instituciones públicas y sus representantes evidencia una falta de gobernabilidad y es un incentivo para que fuerzas antidemocráticas y violentistas atenten contra el Estado y la sociedad. Incluso puede ser un acicate para que la delincuencia y la criminalidad organizada hagan su festín, afectando todo ello la tranquilidad pública, lo cual se agrava con los continuos cambios en la conducción del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional.
Evidentemente, la situación descrita en el párrafo anterior genera desconfianza en los inversores, quienes son los que deben generar los puestos de trabajo, tan necesarios para enfrentar el creciente desempleo.
Si a lo antes expuesto le agregamos los intentos para vacar a quien ejerce la Presidencia de la República, también genera desconfianza en los países extranjeros y en sus inversionistas, que son nuestros socios estratégicos, y más aún cuando estamos a punto de inaugurar el nuevo puerto de Chancay y las reuniones de APEC, siendo este año el Perú el país anfitrión de su asamblea y comités preparatorios.
Pese al escenario descrito y al usualmente errático comportamiento de los gobiernos regionales, que no saben realizar el gasto público y cuyas obras muchas veces quedan inconclusas y con problemas jurisdiccionales o arbitrales entre los contratistas y dichos gobiernos subnacionales, ha dejado una excelente impresión su reciente declaración denominada “Pacto Nacional por la Gobernabilidad” suscrita con el Poder Ejecutivo el pasado 17 de mayo.
En el Pacto en cuestión se reconocen como retos para nuestro país la reactivación económica, la seguridad ciudadana y la reducción de las brechas sociales, todo lo cual requiere hoy en día y más que nunca la “unidad y la colaboración activa de todas las autoridades y las instituciones”.
En el citado Pacto hacen un llamado a “la unidad nacional en favor de la gobernabilidad y el fortalecimiento de la institucionalidad, la democracia y la plena vigencia del estado de derecho”.
Condenan también la criminalización de la política y de la administración pública, así como llaman a la defensa del “respeto irrestricto al debido proceso y a la presunción de inocencia como un derecho fundamental”, y no les falta razón pues los excesos en detenciones preliminares y preparatorias, allanamientos e incautaciones, además de las demoras procesales tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, afectan la tranquilidad pública, tan necesaria para tener un clima adecuado para recibir inversiones tanto nacionales como extranjeras.
Por último, en el acuerdo aludido se llama “hacia un futuro en unidad, con fe y esperanza, agregando, solo así podremos lograr el Perú del bicentenario que todos merecemos”.
No conocemos las interioridades de las deliberaciones de los gobernadores regionales y menos el diálogo sostenido con la presidenta Boluarte, pero increíblemente debe haberlos tratado como sus “waykis” y así lo han considerado, pues muchos de ellos, al igual que la presidenta, tienen origen andino. Si es que les ha ofrecido ejecución de obras, en buena hora, pero siempre con la supervisión del gobierno central, para evitar actos deshonrosos como ha sido frecuente.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
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