Juezas y jueces deben administrar justicia sin estereotipos de género y resolver con diligencia derechos conculcados
Durante IV Congreso Internacional de Acceso a la Justicia para Personas Víctimas de Discriminación y Violencia por Orientación Sexual e identidad de Género, organizado con Demus
Quienes ejercen la investidura judicial tienen como rol fundamental desterrar todo estereotipo de género al administrar justicia, resolver con debida diligencia derechos conculcados y lograr que la justicia sea tangible para una población discriminada por su orientación sexual e identidad de género.
Así lo remarcaron la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, y el juez supremo Carlos Calderón Puertas durante el IV Congreso Internacional de Acceso a la Justicia para Personas Víctimas de Discriminación y Violencia por Orientación Sexual e Identidad de Género.
Este certamen académico fue organizado por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad del Poder Judicial, que preside la magistrada suprema Janet Tello Gilardi, en coordinación con el centro Demus.
DERECHOS LGTBIQ
Barrios Alvarado consideró que un real acceso a la justicia en favor de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer (LGTBIQ) parte por transformar roles, espacios y atributos que el género ha impuesto.
“Disciplinar los cuerpos a través de la violencia es el mandato del género que debemos desterrar en los aprendizajes e imaginarios sociales que hemos construido”, señaló.
Por su parte, Calderón Puertas demandó el compromiso de magistradas y magistrados del Poder Judicial con valores simples de justicia y respeto a los derechos humanos de las personas LGTBQ.
“Las juezas y jueces no hacen ningún favor cuando resuelven, pues los derechos no se mendigan sino que se exigen”, resaltó, el también vicepresidente de la Comisión de Acceso a la Justicia.
Tras subrayar el trabajo de la referida comisión para la realización del IV Congreso, Calderón Puertas sostuvo que hacer un evento de este tipo en el Poder Judicial era “impensable” hace algunos años.
Al respecto, la directora de Demus, Cynthia Silva Ticllari, saludó “las puertas abiertas” de la institución y su compromiso para respetar y garantizar los derechos de todas las personas, en particular para erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género
En ese sentido, señaló que su centro impulsa la campaña Justicia Arcoíris, la cual busca “cero impunidad, revictimización y discriminación” por prejuicios y estereotipo de género contra la población LGTBIQ.
Justicia Arcoíris promueve que operadoras/es de justicia cuenten con herramientas para no discriminar, sean sensibles al enfoque de género y estén informados de los estándares internacionales para la referida población vulnerable, necesarios para alcanzar la igualdad.
EXTRANJEROS Y NACIONALES
En el congreso estuvieron destacados ponentes extranjeros como la relatora de los Derechos LGTBIQ de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH), Roberta Clarke, así como la española María del Mar Martín Aragón, que expusieron sobre estándares internacionales y “lgtbiq-fobia”.
También participó la defensora del Pueblo, Eliana Revollar Añaños, quien presentó un informe defensorial que revela que el 71% de peruanos y peruanas considera que la población LGTBIQ es discriminada, en tanto que el 62% de estas personas declaró haber sido víctima de violencia o discriminación.
A su turno, la jueza suprema Elvira Álvarez Olazábal señaló que las personas LGTBIQ son víctimas de “una matriz hetero-cis normativa” que presume que todas, todos y todes deben ser heterosexuales y actuar acorde con el género asignado al nacer.
“El impacto se refleja en la criminalización de algunas conductas sexuales, la patologización de identidades y la denegación de diversos derechos”, remarcó la magistrada.
En el congreso también intervinieron Rania Josefina Morales Alí, la primera jueza trans del Perú, así como la magistrada Karina Manrique Navarro y los jueces Jonatan Basagoitia Cárdenas y Yuri Corrales Cuba, este último autor de la sentencia que declaró fundada una demanda sobre cambio de sexo.
Así mismo participó la congresista Susel Paredes, las activistas trans Gianna Camacho y Leyla Huerta Castillo, así como el activista transmasculino Bruno Montenegro y los especialistas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Edgardo Rodríguez Gómez, y la experta Pilar Rojas Salas.
