La Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado un proyecto que busca restablecer la inmunidad parlamentaria. El texto establece que, desde el momento de su elección y hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, los parlamentarios no podrán ser procesados penalmente ni privados de su libertad sin autorización previa de la cámara a la que pertenecen, la cual deberá pronunciarse en un plazo improrrogable de 30 días calendario.
Asimismo, se ha incorporado una regla excepcional para casos de delito común flagrante, donde el parlamentario deberá ser puesto a disposición de su respectiva cámara en un plazo máximo de 24 horas, para que autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. De no emitirse pronunciamiento dentro de los plazos señalados, se aplicará el silencio positivo, y el congresista será puesto a disposición de la Corte Suprema de Justicia.
En teoría, la inmunidad parlamentaria existe para evitar que los congresistas sean perseguidos injustamente por sus opiniones o decisiones políticas. Constituye una garantía que ayuda a que puedan legislar con libertad y sin presiones externas. Sin embargo, en la práctica, muchas veces ha sido usada como escudo por algunos parlamentarios que tenían investigaciones pendientes o antecedentes cuestionables. Y eso es lo que la mayoría de peruanos no quiere volver a ver.
Uno de los puntos más delicados del nuevo proyecto es que propone que el propio Congreso decida si uno de sus miembros puede o no ser investigado. Es decir, los mismos congresistas tendrían que evaluar a sus colegas. Pero este problema no empieza ni termina con la inmunidad. Hay una raíz más profunda y tiene que ver con la forma en que los partidos políticos eligen a sus candidatos. Muchas veces, los partidos no hacen el más mínimo filtro. Se llenan las listas con personas que tienen serios cuestionamientos. Y así, llegan al Congreso no para representar al pueblo, sino para protegerse.
Bajo esta realidad, no es la inmunidad la que está mal en sí, sino el mal uso que se hace de ella cuando se deja entrar a personajes que no deberían estar allí. Por eso, si queremos que figuras como la inmunidad no se conviertan en un problema, lo adecuado es que los partidos hagan bien su trabajo. Que investiguen a sus postulantes, que no incluyan a gente que solo busca una curul para escapar de sus responsabilidades. Si se elige bien, no se necesitarán tantos mecanismos de control.
La prevención empieza desde la postulación. No se trata de satanizar la inmunidad. Puede ser útil si se usa correctamente y si existen reglas claras, aplicadas por un órgano independiente, no por los propios congresistas. Pero cualquier intento de traerla de vuelta debe ir acompañado de un compromiso serio por parte de los partidos políticos para mejorar la calidad de sus candidatos. De lo contrario, volveremos al mismo círculo vicioso de siempre: proteger a quienes no deberían ser protegidos.
Si realmente queremos un Congreso más ético, cercano y responsable, no basta con cambiar leyes. Hay que cambiar también la forma en que se hace política. Y eso empieza con elegir mejor a quienes nos representan.
(*) Juez titular de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
